El contraalmirante Gabriel Arango Bacci, director de Distriseguridad en Cartagena, tuvo que enfrentar su primer lio judicial en el cargo. En mayo el oficial no le renovó un contrato laboral a la funcionaria Lyda Román Martí, quien se encontrada en embarazo. Ella interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Segundo Penal Municipal que determinó que Arango actuó en contravía de la ley al no renovarle el contrato. Ahora, el ex uniformado no sólo deberá reintegrar a Lyda sino pagarle el dinero que dejó de percibir. Veedores de Cartagena aseguran que este es un campanazo para que los altos funcionarios del Distrito no pasen por encima de los derechos laborales de los cartageneros.
