La protesta minera en el Bajo Cauca antioqueño completó más de una semana en medio de un aumento de la tensión, bloqueos en vías estratégicas, hechos de violencia y millonarias pérdidas económicas, lo que obligó a la intervención de la fuerza pública, especialmente en el municipio de Caucasia.
Las manifestaciones, originadas por el rechazo a la destrucción de maquinaria amarilla utilizada en actividades mineras, han derivado en escenarios de orden público complejos. Durante los últimos días se han registrado la incineración de vehículos, saqueos, restricciones a la movilidad y afectaciones a la población civil en municipios como Caucasia y Tarazá.
Videos difundidos en redes sociales evidencian la gravedad de la situación: ambulancias sin poder transitar, buses detenidos en carretera y enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. En uno de los episodios más recientes, fue saqueado un supermercado en el barrio Asovivienda, en medio de disturbios sobre la Troncal que conecta a Medellín con la Costa Caribe.
Aunque el Gobierno Nacional había instalado una mesa de diálogo con representantes del gremio minero del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, las negociaciones se estancaron. De las 20 peticiones planteadas, solo se lograron concretar siete acuerdos antes de que se suspendieran las conversaciones.
Según voceros de la mesa minera, la interrupción de los diálogos se produjo tras la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo), lo que generó inconformidad entre los manifestantes y derivó en nuevos disturbios.
En medio de la escalada, durante un Puesto de Mando Unificado (PMU) con presencia de los ministros del Interior y de Defensa, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó una intervención más contundente de la fuerza pública. El mandatario aseguró que la situación dejó de ser una protesta pacífica al vulnerarse derechos de terceros, incluyendo ataques a la misión médica, confinamientos y bloqueos prolongados.
Tras agotar las opciones de diálogo, las autoridades procedieron a despejar los principales puntos de bloqueo en la vía que conecta Medellín con la Costa Caribe, especialmente en sectores como Campoalegre y La Rotonda de Caucasia. Sin embargo, los manifestantes han mantenido cierres intermitentes, permitiendo el paso de vehículos por periodos limitados.
Desde el gremio minero, los líderes han defendido la protesta y aseguraron que han buscado garantizar el tránsito en algunos momentos. No obstante, las afectaciones económicas continúan en aumento.
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De acuerdo con la Asociación de Transportadores de Pasajeros en Antioquia, cerca de 6.300 pasajeros se ven afectados diariamente, con pérdidas estimadas en 360 millones de pesos. Por su parte, el sector de carga reporta alrededor de 1.500 vehículos impactados y sobrecostos que ascienden a 3.000 millones de pesos diarios, debido a la falta de rutas alternas eficientes.
A esto se suman problemas de abastecimiento, como la escasez de gas en el municipio de Nechí, donde los bloqueos incluso han afectado la movilidad por vía fluvial.
Las autoridades locales han advertido también sobre el riesgo de desabastecimiento de alimentos y el impacto económico en la región, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones, que fueron aplazadas mientras el Gobierno Nacional consulta aspectos jurídicos para definir nuevos posibles acuerdos.
Entre tanto, el panorama en el Bajo Cauca sigue marcado por la tensión, con comunidades que enfrentan las consecuencias de una protesta que aún no encuentra una salida definitiva.
