Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde de San José de Miranda, Santander, Donaldo Ortiz Cárdenas, y a otras dos personas, por presuntas irregularidades en contratos para atender la actual emergencia sanitaria.
Las otras dos personas involucradas en el proceso son la jefe de la Oficina de Gobierno y Desarrollo Social, Mónica Alejandra Corzo Rey y Lucy Amparo Báez Suárez, representante legal la Fundación de Proyectos Sociales y Económicos (Prococec), empresa contratista.
El proceso que cursa en la Fiscalía General de la Nación está relacionado con las presuntas irregularidades en un contrato que suscribió la Alcaldía de San José de Miranda, Santander, para adquirir ayudas humanitarias y kits de prevención que se le entregarían a la población con el fin de atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus Covid-19.
De acuerdo con la Fiscalía, en el contrato se habrían presentado sobrecostos además de inconsistencias en la entrega de las ayudas adquiridas.
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“Los investigadores evidenciaron inconsistencias en la celebración del mismo, así como posibles sobrecostos en la compra de los productos que tuvieron un valor de 89 millones de pesos, además de que los mismos no se entregaron a la comunidad para la que habían sido destinados”, señaló en un comunicado la Fiscalía General de la Nación.
El alcalde Donaldo Ortiz Cárdenas y las funcionarias Mónica Alejandra Corzo Rey y Lucy Amparo Báez Suárez, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
