La Federación Nacional de Departamentos (FND) y los 32 gobernadores expresaron su rechazo a la aplicación del Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica, que incrementa el impuesto al consumo de licores y cigarrillos. En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, sostienen que la medida tensiona la autonomía fiscal de los territorios y puede abrir un efecto no menor: un aumento del contrabando.
Una renta clave en disputa: autonomía y recaudo
El pronunciamiento reabre una discusión de fondo sobre el modelo territorial: el equilibrio entre el recaudo del Gobierno nacional y la capacidad de los departamentos para administrar ingresos que sostienen parte de su operación. Para los gobernadores, el impuesto al consumo no es un ingreso accesorio. Lo presentan como una fuente estructural que ayuda a financiar programas y servicios bajo responsabilidad departamental.
En esa lectura, el desacuerdo no se limita al aumento del tributo, sino al camino usado para hacerlo. Señalan que, al redefinir condiciones sobre una renta que gestionan las entidades territoriales, el decreto envía una señal de recentralización y choca con los principios de descentralización y autonomía territorial.
El Decreto 1474 y la figura de emergencia
El Decreto 1474 de 2025 incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos, y también el de cigarrillos y tabaco elaborado, dentro de un paquete adoptado bajo emergencia económica. Esa figura permite al Ejecutivo actuar con mayor rapidez, pero también suele elevar la controversia: decisiones fiscales vía decreto tienden a abrir disputas sobre competencias, efectos reales y legitimidad.
En su comunicación, los mandatarios sostienen que la búsqueda de recursos para el Estado central no debería trasladar presión a ingresos departamentales ni alterar su gobernanza. Dicho sin rodeos: piden que el ajuste no se diseñe como si la caja regional fuera una extensión automática de las necesidades del nivel central.
Impacto en sectores financiados con esos recursos
Los gobernadores subrayan el destino de esos ingresos. Argumentan que el recaudo asociado a licores y cigarrillos respalda partidas que terminan reflejándose en salud, educación y deporte, además de otras competencias. Por eso advierten que cambios tributarios significativos pueden afectar la programación regional y la capacidad de sostener compromisos ya adquiridos.
El documento también busca fijar una posición política clara: para los departamentos, el debate es de ingresos, pero también de capacidad de decisión. De ahí que el rechazo sea conjunto, con la FND como vocería institucional.
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Contrabando e ilegalidad: el riesgo que alertan
El segundo eje del reclamo apunta a los incentivos. Según los mandatarios, un mayor impuesto puede empujar parte del consumo hacia mercados ilegales, reducir el recaudo efectivo y agravar problemas de seguridad y salud pública. En cigarrillos, sostienen que el consumo no necesariamente desaparece con el precio, sino que puede migrar a producto más barato, incluido el ilegal. En licores, añaden el componente sanitario: el contrabando y la adulteración no solo golpean ingresos, también elevan riesgos de intoxicación y presión futura sobre el sistema de salud.
