Medellín lucha contra la operación ilegal de viviendas turísticas

Vie, 01/03/2024 - 19:51
Se detectaron más de 1.700 propiedades que funcionan sin los documentos requeridos para prestar este servicio.
Créditos:
Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín identificó que más de 1.700 casas y apartamentos ofrecen servicios de alojamiento a través de diversas plataformas, sin contar con la documentación necesaria, relacionada con el uso del suelo, la actualización de la matrícula mercantil, la notificación de apertura a la autoridad policial, las exigencias sanitarias y ambientales, los horarios y el desarrollo de las actividades registradas.

Según la Ley 2068 de 2020 y el Decreto 1836 de 2021 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la vivienda turística debe cumplir con la inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RNT). En el caso de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, la autorización en la escritura pública del reglamento y el cumplimiento de los requerimientos urbanísticos y de seguridad.

“Nuestro objetivo es regularizar las viviendas destinadas al alojamiento turístico, garantizando que se desarrolle con base en la legislación vigente y en las áreas designadas para este fin. Es importante evitar que los edificios residenciales se afecten por situaciones de ruido y convivencia ciudadana. Además, debemos prevenir la explotación sexual de menores, el consumo de drogas y la prostitución”, anotó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Según el Viceministerio de Turismo, en Medellín, el 74,36 % de los prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo, RNT, son viviendas, seguidas de agencias de viajes y establecimientos de alojamiento.

"Celebro la decisión de la Alcaldía de Medellín de intervenir las rentas cortas que operan de forma ilegal en la ciudad. Inaceptable que más de 1.700 casas y apartamentos ofrezcan servicios de alojamiento a través de diversas plataformas sin cumplir los requisitos legales", expresó en sus redes sociales el concejal Daniel Carvalho.

El incumplimiento de requisitos exigido a los prestadores puede acarrear multas hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cierre temporal del establecimiento y la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo hasta por cinco años.

Además de una obligación legal, el cumplimiento de las normas es un compromiso con la calidad, la seguridad y el desarrollo sostenible. Para validar si los inmuebles están en suelo apropiado para prestar este servicio se debe consultar la plataforma “Mapgis v9”o acudir a una de las cuatro curadurías. 

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