Durante la noche del miércoles 24 de agosto, tres personas fueron acribilladas en su propia casa en el municipio de Buga, Valle del Cauca. Las víctimas fueron una mujer de 57 años, un hombre de 45 y otro de 35, todos del mismo núcleo familiar.
“Al interior de una residencia ubicada en el barrio Ita se presentó el homicidio de tres personas por arma de fuego. En el mismo hecho resultó lesionada una persona más que fue trasladada al hospital”, aseguró el coronel Ever Gómez, comandante de Policía en el Valle del Cauca en un video oficial.
Hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda en Buga y dispararon contra la familia sin mediar palabra. Estas personas no habían denunciado algún tipo de amenaza, por lo que el motivo del triple homicidio sigue siendo incierto.
“La Policía Nacional designó a un grupo especial de investigación criminal que articulado con la Fiscalía General de la Nación para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho”, añadió el coronel Gómez.
La persona que sobrevivió al atentado fue trasladada a un centro médico asistencial para brindarle la atención necesaria y sería el único testigo sobreviviente, cuyo testimonio será clave para tratar de esclarecer este atroz suceso que tiene estremecidos a los habitantes de Buga.
El hecho fue reportado por los vecinos, quienes avisarona las autoridades de lo ocurrido. El ataque se habría presentado mediante modalidad de sicariato y tuvo lugar en la Carrera 8 entre Calle 22 y 23.
Con esto son cuatro personas las que han sido asesinadas de manera brutal, sumadas al terrible hallazgo de un cuerpo desmembrado al interior de una bolsa plástica en el barrio Alto Bonito de Buga, en hechos ocurridos en la tarde del 23 de agosto de 2022. Las extremidades fueron encontradas en uno de los plásticos y en otro el torso de un sujeto que no ha sido identificado.
Judicializan dos personas por presunto homicidio de cinco jóvenes en Buga
El trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación permitió esclarecer el homicidio colectivo de cinco jóvenes asesinados la madrugada del 24 de enero de 2021 en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico del corregimiento Chambimbal, a 30 minutos de Buga en el departamento del Valle del Cauca.
Diego Fernando Rivas Zuleta, alias ‘Simón’, fue capturado el pasado 13 de junio, con armas de fuego de uso privativo, en Dagua (Valle). La priorización de este tipo de hechos, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, permitió identificar a Diego Fernando Rivas Zuleta, alias Simón; y Jhon Jaime Ramírez, alias JJ, como presuntos responsables del homicidio de cinco personas; entre ellos un menor de edad.
‘Simón’ y ‘JJ’, harían parte del grupo armado organizado residual (Gaor) Adán Izquierdo, serían quienes llegaron al lugar y presumiblemente preguntaron por uno de los asistentes. Las investigaciones dan cuenta de que cerca de las 2:15 de la madrugada, y portando armas de fuego, los presuntos agresores llegaron a la finca y se habrían dirigido a la piscina y al jacuzzi donde departían los jóvenes; algunos de ellos eran adolescentes.Los hoy imputados habrían ubicado a las víctimas y dispararon contra ellas en repetidas oportunidades, causando la muerte de cinco jóvenes e hiriendo a otros dos.
Una hora después la Policía Nacional fue informada sobre lo ocurrido. En pocos minutos un fiscal especializado, destacado para el caso, inició y coordinó los actos urgentes. De inmediato servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buga y del grupo itinerante iniciaron el procesamiento de la escena el cual se prolongó hasta finalizada la tarde del mismo día.
Las labores de policía judicial permitieron recolectar evidencia física y más de cien elementos materiales probatorios que le posibilitaron a la Fiscalía encausar la investigación.
La Fiscalía imputó a Rivas y a Ramírez como posibles responsables de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones agravado.
Por determinación del juez los dos presuntos implicados, quienes no aceptaron los cargos, deberán continuar privados de la libertad en los centros carcelarios donde están recluidos, como posibles responsables del delito de porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
