El pasado 13 de junio Kienyke.com habló con el veedor de Cantagallo, Saul Argumedo, quién decidió hacer pública una denuncia por corrupción en el municipio.

Argumedo le dijo a Kienyke.com que estaba solicitando la intervención por parte de los entes de control de la Nación.

El veedor aseguró que los reguladores provinciales eran “cómplices de la corrupción en Bolívar”.

En su momento, el veedor aseguró que “la exalcaldesa, Yaneth Ester Cortés Díaz, reparte dinero en el pueblo porque es la cómplice y ficha de la alcaldesa actual, Herlides Arango, dado que es su socia y sorprendentemente responsable del contrato de acueducto y alcantarillado”. 

El veedor explicó que “construyeron a medias un acueducto que no nos lleva agua”.

Argumedo agregó que se “contrató un alcantarillado por un monto millonario que no cumple con las necesidades porque apenas pasa por unas cuadras de la ciudad, dejando al 90% de la población por fuera”.

Lea aquí: Denuncias por corrupción en Cantagallo, Bolívar

Como respuesta a las peticiones de Argumedo y tras las labores de investigación, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la exalcaldesa de Cantagallo (Bolívar), Yaneth Esther Cortez Díaz.

El secretario de Planeación y Obras Públicas, William Alfonso Portillo, también recibió cargos por parte del ente de control.

Los motivos de la formulación de cargos

La Procuraduría tomó la determinación alegando presuntas irregularidades en la Licitación Pública No. 010 de 2015, por un valor superior a los diez mil millones de pesos.

Esa licitación era para la construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio.

El ente de control afirma que los implicados trasgredieron los principios de economía, responsabilidad y libre concurrencia.

Lo anterior debido a que establecieron un plazo de dos meses para llevar a cabo la obra que, por su complejidad y magnitud, era imposible de culminar en ese plazo.

Esa falta de planeación llevó a la “suspensión, adición y prórrogas del contrato”.

La Procuraduría generó copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la presunta conducta penal de los implicados.