El malestar entre docentes y familias volvió a encenderse en Bogotá. La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) convocó una nueva protesta para este 10 de diciembre, en rechazo a una serie de medidas tomadas recientemente por la Secretaría de Educación de Bogotá.
La movilización, revelada por Caracol Radio, será liderada por profesores, estudiantes y padres del Colegio Bolivia IED, quienes se congregarán frente a la sede de la Secretaría, en la calle 26 con carrera 66.
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Críticas a cierres de matrículas y traslados de personal
Entre los puntos que motivan la protesta destaca el posible cierre de matrículas para estudiantes nuevos desde 2026, iniciativa que la comunidad educativa considera perjudicial para el acceso a la educación pública.
La ADE también cuestiona los traslados de directivos y orientadores educativos, entre ellos el del rector Jhon Pablo Ardila, calificado por el sindicato como un procedimiento “discrecional”.
Otro factor de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de trabajo virtual durante la semana de octubre y Semana Santa, un acuerdo que, según la presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, se había implementado durante administraciones anteriores para apoyar la conciliación familiar.
“Las maestras y maestros podían compartir con sus hijos y no dejarlos solos esas semanas. Esta administración eliminó ese acuerdo y exige presencialidad total”, explicó Daza al medio radial.
Protesta del 9 de diciembre marcó el inicio de las movilizaciones
Antes del anuncio oficial, la comunidad del Colegio Bolivia IED realizó una manifestación el 9 de diciembre, bloqueando una de las principales vías de la ciudad como forma de advertencia. En ese espacio, los participantes denunciaron la falta de interlocución con la Secretaría de Educación y exigieron el respeto de los acuerdos laborales vigentes.
Entre las solicitudes que se reiterarán el 10 de diciembre se encuentran la reducción del número de estudiantes por orientador educativo, el aumento de la planta de orientadores y el cese de los traslados que, aseguran, afectan el acompañamiento estudiantil.
De manera paralela, la ciudad enfrenta otra tensión: la eliminación de 12 aulas de apoyo para niños con discapacidad, decisión que generó fuertes protestas de familiares y cuidadores frente a la Secretaría de Educación.
Las manifestaciones derivaron en bloqueos en la avenida El Dorado, ocasionando desvíos en el SITP y complicaciones en la movilidad.
Los cuidadores han calificado la medida como un retroceso en la educación inclusiva, argumentando que trasladar a los menores a entornos convencionales implica un cierre encubierto de los servicios diferenciados. “Las aulas de apoyo son una herramienta de dignidad, no de segregación”, expresaron voceros durante las protestas.
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Respuesta oficial e investigaciones en curso
La Secretaría de Educación rechazó que exista un cierre de aulas y aseguró que se está adelantando una transición hacia un modelo inclusivo, acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017.
La entidad atribuyó parte del malestar a cambios recientes de directivos en algunos planteles, argumentando que no están relacionados con la política nacional.
El debate se intensificó después de que, en septiembre de 2025, el concejal Andrés Onzaga denunciara sobrecostos de hasta 695% en contratos para ayudas técnicas, como bastones y cuadernos braille, además de la concentración de contratos en pocas empresas, entre ellas Tu Salud IPS.
Hoy, Bogotá cuenta con 42 colegios con aulas de apoyo, que benefician a más de 6.000 estudiantes con discapacidad, incluidos 221 con discapacidad múltiple y cerca de 1.000 con Síndrome de Down, respaldados por 123 docentes especializados.
En este contexto, la movilización del 10 de diciembre se perfila como una jornada decisiva. La ADE insiste en que la administración distrital debe revisar sus decisiones, restablecer acuerdos laborales y atender las demandas de una comunidad que denuncia afectaciones al derecho a la educación, a la inclusión y a las condiciones laborales del magisterio.
