El Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A (CGR) se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de una denuncia presentada por la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) en la cual se acusa a la empresa de fraude a resolución judicial, peculado por apropiación y fraude procesal.
El anuncio fue realizado por la alcaldesa mayor Claudia López, quién señaló que la organización encargada de manejar el relleno sanitario de Doña Juana incurrió en un supuesto detrimento de miles de millones de pesos producto de contratos sin efectuar.
“CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados en el relleno Doña Juana durante 4 años”, reveló la mandataria en un rueda de prensa.
Además, López aseguró que el consorcio ha dilatado el proceso investigativo haciendo uso de diversos mecanismos como una billonaria denuncia en contra de la administración distrital.
“Ha pretendido engañar a las autoridades judiciales con información falsa, dada en nuestra opinión de mala fe, para evadir su responsabilidad, seguir incumpliéndole a los bogotanos, y además ha demandado al Distrito, es decir, a los bogotanos, por aspiraciones superiores a 1 billón de pesos de manera infundada y abusiva”, señaló la mandataria.
Según la administración de la ciudad, la Uaesp tomó la determinación de instaurar la acción legal luego de que se evidenciara un sistemático incumplimiento en el contrato 344 de 2010, concesión que, a pesar de haberse efectuado hace 12 años, no ha sido ejecutada de manera satisfactoria por el operador del relleno.
Asimismo, la Alcaldía Mayor de Bogotá señaló que la gravedad de la situación radica en que los afluentes de la ciudad se han visto gravemente afectados por la incapacidad técnica del relleno para gestionar las basuras, hecho que pone en peligro el equilibrio de ecosistemas enteros.
“El consorcio ha abusado de los ingresos que ha percibido de la entidad y de los bogotanos, no cumple con el tratamiento de lixiviados, ni ha concluido la optimización del STL (Sistema de Tratamiento de Lixiviados), generando un mayor impacto ambiental sobre los ríos Tunjuelo y Bogotá, lo que afecta gravemente a los ciudadanos”, afirmó el gobierno distrital en un comunicado de prensa.
Por tal motivo, la Fiscalía General de la Nación pondrá bajo lupa a Mario Bernal Macucci, representante legal del consorcio, y a los funcionarios de la organización que estén relacionados con las obras inconclusas.
Finalmente, la alcaldesa Claudia López dio a conocer que informó de la situación al presidente electo Gustavo Petro para que, desde su gobierno, se tomen las medidas necesarias con el fin de hacerle frente a la complicada situación estructural y jurídica del relleno sanitario Doña Juana.
