Un informe de Human Rights Watch (HRW) denunció que la Policía Nacional cometió múltiples abusos contra los manifestantes durante las diferentes movilizaciones que se han registrado en torno al paro nacional.
El documento de la organización fue realizado desde noviembre pasado hasta el presente mes de marzo y señala que ha recibido “denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales contra manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes”.
En ese tiempo HRW reunió entrevistas y casos de más de 20 personas que habrían sido víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados, con material probatorio como denuncias penales, informes médicos, versiones de los abogados y publicaciones en redes sociales.
La ONG afirma tener evidencias del arresto de 213 personas y el traslado de otras 1.662 a centros de detención administrativa, todas relacionadas con manifestaciones; lo que le resulta preocupante en cuestión de violación a los derechos fundamentales.
“Es clave que el presidente Duque envíe un mensaje claro de que el resguardo del orden público no autoriza a la fuerza pública a violar los derechos humanos y de que los abusos no serán tolerados”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas en Human Rights Watch.
Entre los casos que inspeccionados se encuentra el de Dilan Cruz, el joven de 17 años que murió al recibir el impacto en la cabeza de uno de los proyectiles (bean bag) que dispara el Escuadrón Móvil Antidisturbios, mientras participaba en una de las marchas en Bogotá.
La Procuraduría le expresó a HRW que “los policías reciben escaso entrenamiento en el uso de esta arma, a menudo impartido por agentes que tampoco están capacitados para usarla”.
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El texto señala que en algunos casos los agentes de policía hicieron mal uso de una disposición de la ley colombiana que permite a la policía "transferir" a una persona a un "centro de asistencia o protección" para "protegerla", por los que les alarma que en ninguno de los 153 procesos que adelantan las instituciones colombianas se hayan presentado imputaciones.
