Colombia, donde la sustitución de cultivos ilícitos se paga con la vida

Publicado por: daniel.guerrero el Dom, 28/03/2021 - 17:36
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Un informe del Programa Somos Defensores remarcó que, entre 2016 y 2020, hubo 75 asesinatos de personas relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos.

La organización Programa Somos Defensores, en alianza con la Asociación Minga y la Corporación Viso Mutop, publicó un informe en el que advierte cómo han sido violentados los campesinos colombianos que le apostaron a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco de la implementación del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016. 

El documento remarcó que, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, se presentaron un total de 75 asesinatos de defensores de DDHH relacionados con la sustitución de cultivos de uso ilícito. 

El 2018 fue el año en el que hubo un mayor número de hechos con 27 asesinatos (36%). Le siguió el 2020, en el cual solo entre enero y junio se confirmaron 20 homicidios (27%), mientras que en 2019 se contabilizaron 16 (21%). En 2017, entre tanto, fueron 11 las muertes (15%), y en 2016 se presentó una (1%).   

“En buena parte de los territorios donde cultivadores esperaban hacer una transición en los cultivos, ahora enfrentan las consecuencias del incumplimiento, entre ellas, un proceso de militarización en el cual las acciones de erradicación forzada manual se dan en medio de confrontaciones con las comunidades”, destacó el informe.

Los asesinatos tuvieron lugar en 12 de los 32 departamentos de Colombia; es decir, en el 37% del territorio nacional.

Los cinco departamentos más golpeados fueron Antioquia con 24 asesinatos, Cauca con 18, Norte de Santander con ocho, Putumayo con siete y Nariño con cinco.

De las 75 personas asesinadas, el 84% (63) estaban relacionadas con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), una iniciativa para las familias campesinas en situación de pobreza que subsistían a partir de estas siembras ilegales y que voluntariamente se comprometieron a su sustitución.

El Programa Somos Defensores evidenció que 34 asesinatos presuntamente fueron cometidos por desconocidos, 14 por paramilitares sin identificar el grupo, 10 por disidencias de las Farc, siete por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), siete por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, dos por el Ejército Nacional y un caso por el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Casos emblemáticos

Algunos de los casos más representativos que ilustran la magnitud de este fenómeno son los que han sufrido los miembros de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (ASCSUCOR).

El informe recordó la muerte de Manuel Gregorio González Segura, miembro de ASCSUCOR y beneficiario del PNIS, quien fue desaparecido en el municipio de Montelíbano, Córdoba, el 26 de junio de 2019. Al día siguiente su cadáver fue hallado con “impactos de arma de fuego, las manos atadas y signos de tortura”.

Pocas semanas después, en el municipio de San José de Uré, fue decapitado Manuel Osuna Tapias, campesino y también miembro de ASCSUCOR. “Tras deponer su cuerpo y cabeza a un lado, quemaron su casa de madera y palma”, según informó la Agencia de Prensa Rural (APR).

 Un comunicado de la APR afirmó que este hecho fue ejecutado por hombres que al parecer pertenecen al Bloque Virgilio Peralta Arenas, más comúnmente conocido como Los Caparrapos o Los Caparros, una organización criminal disidente del Clan del Golfo.

Según ASCSUCOR, hasta la fecha del asesinato de Manuel Osuna Tapias, por lo menos ocho campesinos y 15 beneficiarios del PNIS habían sido asesinados en el sur de Córdoba.

Pero las denuncias de ataques a campesinos no sólo están relacionadas con los grupos al margen de la ley.

En mayo del año pasado, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) manifestó que en la zona rural de Cúcuta (área limítrofe entre Colombia y Venezuela) el Ejército disparó contra un asentamiento campesino que produjo la muerte de Emérito Digno Buendía y dejó tres heridos.

Según la denuncia pública difundida por Ascamcat, los responsables del homicidio y demás agresiones serían militares del Batallón Hermógenes Maza, adscrito a la Brigada 30.

Conforme a lo detallado por el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, se registraron 95 incidentes (enfrentamientos y altercados) entre campesinos y fuerzas del Estado entre 2016 y 2020. 

La mayoría de ellos ocurrieron en 2020 (51 de los casos) y el 42% desde el inicio del aislamiento (25 de marzo de 2020) por cuenta de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Los incidentes ocurrieron en 11 de los 32 departamentos de Colombia. Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia acumularon 71 de los casos (con cerca del 76%).

De estos, recalcó el Observatorio, “en el 20% se ha registrado el uso de armas de fuego por parte del Ejército o de un tercero sin especificar. Adicionalmente, en el 19% de los casos se ha presentado al menos un herido y en el 6% de los casos se ha registrado al menos una persona muerta”.

Garantías para las personas que están en proceso de sustitución de cultivos ilícitos

En conclusión, el programa Somos Defensores manifestó que se “hace urgente concretar el reconocimiento del sujeto campesino, y en consecuencia los derechos del campesinado, así como garantizar el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo de paz en relación a la reforma agraria, el tratamiento diferencial en el marco de la política antidrogas y brindar las garantías de protección para los liderazgos campesinos en todo el país”.

 Asimismo, los campesinos exigieron acabar con la criminalización de la que son víctimas por parte del Estado, cesar la militarización de los territorios y desmontar el paramilitarismo y los demás grupos que atentan contra su integridad, además de investigar la complicidad entre miembros de la Fuerza Pública y organizaciones criminales, según el informe.

“La protección va más allá de la realización de consejos de seguridad y de la asignación de botones de pánico, chalecos antibalas y teléfonos móviles, lo cual, si bien es útil, no garantiza la protección a los líderes y lideresas de zonas rurales apartadas donde a veces no existe siquiera señal de teléfono. En ese orden de ideas, un avance sustancial en los programas de protección colectiva es fundamental”, puntualizó el informe.

Finalmente, el Programa Somos Defensores le pidió al Gobierno de Iván Duque que considere el impacto negativo que traería en materia de salud y medio ambiente el uso del glifosato para reducir los cultivos ilícitos y, en ese sentido, se “considere no incentivarlos, ni respaldarlos”.

Por: Agencia Anadolu