El partido Cambio Radical presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra los decretos 1047 de 2024 y 949 de 2025, expedidos por el Gobierno Nacional, mediante los cuales se prohibió la exportación de carbón colombiano a Israel. La colectividad, además, pidió como medida cautelar la suspensión provisional de dichos actos administrativos, argumentando que generan graves perjuicios económicos y sociales para el país.
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Argumentos de la demanda
Según explicó el director de la colectividad, Germán Córdoba Ordóñez, la decisión del Ejecutivo es ilegal e inconstitucional, pues considera que excede las competencias presidenciales y afecta directamente la estabilidad económica de las regiones mineras.
La demanda señala que el Gobierno incurrió en varias irregularidades:
- Se habría extralimitado en sus funciones al imponer una sanción internacional sin autorización del Congreso.
- Los decretos carecerían de soporte técnico que demuestre que el carbón colombiano se utiliza en actividades militares en Israel.
- Existiría una desviación de poder, ya que se habrían usado facultades económicas con fines de política exterior y presión diplomática.
El partido opositor también asegura que la medida viola el principio de proporcionalidad, al optar por una prohibición total sin considerar mecanismos menos lesivos para la economía nacional.
Impacto económico
Las cifras del DANE evidencian el alcance de la medida: entre enero y agosto de 2023, Colombia exportó a Israel cerca de 375 millones de dólares, de los cuales 93 % correspondió a productos minero-energéticos y cerca del 90 % fue carbón térmico.
“Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales del país”, declaró Córdoba Ordóñez al radicar la acción.
De acuerdo con Cambio Radical, el veto a las exportaciones amenaza la generación de empleo, el pago de regalías y la estabilidad social de los departamentos productores de carbón.
Contexto político y diplomático
La controversia se enmarca en las tensiones diplomáticas entre el gobierno de Gustavo Petro e Israel, tras los señalamientos del presidente de que el carbón colombiano estaría siendo utilizado con fines militares en la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Como respuesta a esa situación, el Ejecutivo adoptó las restricciones mediante decreto.
Cambio Radical, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, sostiene que tales decisiones no pueden adoptarse de manera unilateral, ya que se trata de sanciones internacionales que corresponden al Congreso.
Más demandas contra el Gobierno
La acción judicial de Cambio Radical no es la única que enfrenta el Ejecutivo en este terreno. El Centro Democrático también anunció medidas legales contra la decisión presidencial de expulsar a la delegación diplomática de Israel en Colombia. Según esa colectividad, la determinación “tendrá consecuencias negativas para todo el país”.
“El Centro Democrático interpondrá una acción popular para proteger los derechos colectivos de los colombianos, que se verían afectados por una decisión que amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones”, indicó el partido en un comunicado difundido en X.
El Consejo de Estado deberá estudiar en los próximos días la procedencia de la medida cautelar solicitada, mientras se adelanta el análisis de fondo sobre la legalidad de los decretos. Por ahora, la controversia se convierte en un nuevo pulso jurídico y político entre la oposición y el Gobierno Petro, en un escenario marcado por la crisis diplomática con Israel y sus implicaciones para el comercio exterior colombiano.
