La Procuraduría General de la Nación en los dos meses de emergencia sanitaria por el covid-19 ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas dirigidas a evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos, en especial los destinados para ayudas humanitarias.
En las últimas horas el procurador General, designó un funcionario especial para adelantar la investigación que permita esclarecer y definir responsabilidades sobre la justificación técnica, económica y jurídica para la suscripción del contrato FP-290 de 2020 del Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz -, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la firma Du Brands S.A.S.
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De la vigilancia realizada se pudo establecer que no sería clara la conexidad del contrato con el objeto legal del fondo, lo que habrá de ser investigado, para evaluar su legalidad y oportunidad.
Además la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Ángulo, y a los subdirectores General, Gerardo Jaramillo Montenegro, y para el Manejo de Desastres, Guillermo Escobar Castro, por presuntas irregularidades en el proceso de estructuración, planeación y definición de los criterios técnicos para la adquisición y entrega de kits alimentarios en todas las regiones del país, para los programas de apoyo social que lidera el Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria derivada del covid-19.
Se buscan establecer los criterios que fueron tenidos en cuenta por la entidad para la selección de los contratistas, su capacidad técnica, financiera y los factores de validación y aprobación de los estudios de mercado que se tuvieron en cuenta en este proceso.
