La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo giro en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, al solicitar una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con contratos para la atención de adultos mayores en el Atlántico.
La petición fue presentada por la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, durante una audiencia ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, en la que el ente acusador expuso los elementos que, a su juicio, justifican la necesidad de una medida privativa de la libertad.
Cinco delitos imputados
Según la Fiscalía, Petro Burgos habría intervenido en irregularidades vinculadas a la Fundación Conciencia Social, organización que manejó contratos con la Gobernación del Atlántico. En ese contexto, el ente investigador le imputó cinco delitos: peculado por apropiación, tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.
La fiscal Laborde afirmó que existían inconsistencias relevantes en la hoja de vida del exdiputado y en su declaración de renta, elementos que considera reforzarían la necesidad de imponer una medida restrictiva de la libertad. “El indiciado es imputable y conocía lo que estaba haciendo al momento de ejecutar las conductas, pues tenía la capacidad de comprender su ilicitud”, sostuvo.
Interés personal y apropiación de recursos
La funcionaria agregó que las pruebas recopiladas muestran un interés personal de Petro Burgos en los contratos celebrados a través de la Fundación Sucos, además de una apropiación irregular de recursos públicos.
“Comprendió que estaba mostrando su interés en esos contratos que se realizaron a través de la Fundación Sucos. Además, se apropió en provecho suyo y de terceros —como Daysuris del Carmen Vázquez Castro, Pedro Name y Gustavo De La Causa— de fondos derivados de los contratos celebrados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Fucoso”, señaló Laborde.
En su intervención, la fiscal también destacó que el comportamiento del indiciado reflejaría un conocimiento detallado del funcionamiento de las entidades contratantes y un aprovechamiento consciente de los mecanismos administrativos para direccionar contratos y manipular documentos.
Un acceso irregular al expediente
Uno de los señalamientos más delicados expuestos por la fiscalía surgió al revelar que el 10 de septiembre de 2025, día en el que Petro Burgos designó al abogado Alejandro Carranza como su defensor, una persona ajena al ente acusador habría ingresado al sistema informático de la Fiscalía y accedido a información “clasificada y privilegiada” del expediente, antes de la audiencia de imputación.
Laborde explicó que ese día, a las 6:00 p. m., ingresó al expediente un poder firmado por Petro Burgos, pese a que él aún no estaba formalmente vinculado a la noticia criminal. El documento fue radicado en varias dependencias judiciales, aunque no ante su despacho, lo que generó alertas internas.
- Le puede interesar: Benedetti dice que sanción del CNE contra Petro podría anularse
“Llama la atención que el señor Petro hubiera conocido el número exacto del radicado, una información privilegiada, clasificada y vedada para el público”, afirmó la fiscal. Reveló además que, ese mismo día, a las 8:00 a. m., los sistemas Spoa registraron el ingreso de una persona externa a varios radicados del proceso matriz.
“Una persona que no pertenece a la institución no puede ingresar para conocer los números de radicado que se siguen en su contra. Solo con el número del radicado podría obtener alguna información, no toda”, advirtió Laborde, añadiendo que el incidente fue reportado a la fiscal general y a sus superiores funcionales, pues representaría un riesgo para la integridad del proceso.
Conversaciones clave con Day Vásquez
La fiscal reveló además nuevos apartes de las conversaciones entre Nicolás Petro y su entonces pareja, Day Vásquez, en las que se discutiría la entrega de dinero supuestamente destinado a influir en contratos en el Atlántico. En uno de los mensajes, Petro le dice: “Amor, entre mayor reserva, todo es mejor”, mientras coordinaban la llegada de recursos y su distribución entre terceros.
Según la Fiscalía, estos intercambios evidencian cómo ambos habrían participado en un circuito de favores, presiones y manipulación contractual que involucraba el manejo de recursos públicos, alteración de documentos y direccionamiento de contratos sociales.
Laborde sostuvo que la colaboración previa de Vásquez con la justicia fortalece la credibilidad de los hechos detallados en la imputación y refuerza la solicitud de medida de aseguramiento. Concluyó que el papel de Petro Burgos habría sido determinante en la articulación de un entramado que, según la Fiscalía, operaba con altos niveles de coordinación y conocimiento de causa.
