Una auditoría realizada por la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones (ITRC) destapó un faltante que supera los $38.464 millones en las importaciones de vehículos realizadas por diplomáticos colombianos.
El informe concluyó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no aplicó de manera adecuada los controles establecidos, permitiendo un posible contrabando técnico bajo el uso de franquicias diplomáticas.
Le puede interesar: Aumento del salario mínimo 2026: la cifra que anticipó el ministro de Hacienda
Beneficio diplomático bajo sospecha
La ley colombiana permite que los diplomáticos que terminan su misión en el exterior importen vehículos y equipaje con reducciones de aranceles que van desde el 30 % hasta el 100 %, siempre y cuando se respeten los límites establecidos. Sin embargo, la investigación evidenció que los mecanismos de control fueron omitidos o aplicados de forma irregular, lo que derivó en un millonario detrimento fiscal.
La directora de la Agencia ITRC, Eva Carolina Madrid, explicó que las irregularidades identificadas comprometen de manera grave la capacidad de recaudo aduanero del Estado.
Principales hallazgos del informe
Contrabando técnico por franquicias diplomáticas
Entre 2020 y 2024, la Dian y su Sistema de Perfilamiento de Riesgos no realizaron los controles necesarios, lo que permitió el ingreso de vehículos sin el pago de tributos. El perjuicio calculado asciende a $37.165 millones.
Importaciones fuera de tiempo legal
En 2022 se detectaron casos de vehículos ingresados antes o después del periodo autorizado para diplomáticos que retornaban al país, con un impacto fiscal de $99 millones.
Violación de límites de valor
La ausencia de vigilancia sobre los topes establecidos en esta categoría dejó de recaudar $1.199 millones en aranceles.
Fallas estructurales
El ITRC señaló deficiencias graves: falta de documentos de soporte, actuaciones de funcionarios sin competencia legal, inconsistencias en las inspecciones físicas y contradicciones en los informes de la aduana seccional de Santa Marta, foco principal de la auditoría.
Un golpe a las finanzas públicas
El perjuicio económico directo revelado por la ITRC equivale a $38.464 millones, una cifra que, según la directora Madrid, representa un golpe severo al recaudo nacional en un contexto de baja tributación que obliga a continuas reformas fiscales.
El hallazgo se conoce pocos días después de que el presidente Gustavo Petro ordenara en un Consejo de Ministros televisado a la ministra de Comercio, Diana Morales, imponer aranceles a los vehículos contaminantes. Para Petro, “la maquinaria que emita CO₂ en Colombia debe pagar arancel”. Sin embargo, el caso evidenciado por la ITRC muestra las dificultades para garantizar la legalidad aduanera en el país.
Recomendaciones y próximos pasos
El informe recomienda implementar controles automatizados en los sistemas SIE, SYGA y Siglo XXI Importaciones para verificar:
- Tiempos legales en la importación de vehículos diplomáticos.
- Cumplimiento de valores máximos según el cargo diplomático.
- Pago de tributos cuando los límites sean superados.
Asimismo, la Agencia solicitó verificar la competencia de los funcionarios encargados de las inspecciones físicas y asegurar que sus actuaciones se ajusten a la normativa.
“Los beneficios aduaneros para diplomáticos existen para facilitar el cumplimiento de sus misiones, no para generar detrimento fiscal”, concluyó la directora Eva Carolina Madrid.
