La Fiscalía General de la Nación confirmó que la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El exfuncionario es señalado como uno de los principales responsables del entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que habría desviado recursos millonarios.
¿Qué delitos le imputan a Carlos Ramón González?
En una audiencia virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Sandoval, formalizó la imputación de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
“El señor González solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la UNGRD, entregar contratos por $60.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, con el fin de obtener apoyo a proyectos de ley del Gobierno en el Congreso”, aseguró Sandoval.
Según el ente acusador, González habría ajustado las entregas cuando los congresistas exigieron mayor celeridad. “Durante septiembre usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta a Iván Name por $3.000 millones en efectivo y a Andrés Calle por $1.000 millones en efectivo”, añadió el fiscal.
Avances de la investigación patrimonial y de comunicaciones
Esta fase del proceso forma parte de la segunda etapa de la investigación del caso UNGRD. La Fiscalía recopiló pruebas sobre posibles desvíos de recursos públicos, movimientos financieros y adquisiciones de bienes. Además, se ordenó el rastreo de cuentas bancarias de González, el análisis de reportes de la UIAF y el seguimiento a compras de metales preciosos y transacciones notariales.
Otro punto clave ha sido la geolocalización del celular del exdirector del Dapre. La Fiscalía busca establecer si González participó en una reunión del 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde, según Olmedo López y la exconsejera Sandra Ortiz, se habrían acordado contratos dirigidos a congresistas.
- Le puede interesar: Forero acusa al ministro Jaramillo y a su esposa de intentar intimidarlo con denuncias
Asimismo, se revisaron comunicaciones con López, especialmente las relacionadas con instrucciones para beneficiar al entonces presidente del Senado.
La defensa de González objeta pruebas
El abogado defensor cuestionó la legalidad de varias actuaciones de la Fiscalía:
“Mantenemos nuestra objeción respecto a la legalidad de ciertas actuaciones del proceso. En particular, cuestionamos la validez del informe relacionado con las empresas de telefonía, ya que los documentos eran ilegibles y no explicaban con claridad el procedimiento ni la información obtenida”, afirmó.
El Tribunal Superior de Bogotá ya había autorizado el rastreo de datos telefónicos de González el pasado 15 de abril, lo que permitió a la Fiscalía acceder a registros de llamadas, mensajes, ubicaciones y comunicaciones que refuerzan las acusaciones en su contra.
De acuerdo con las interceptaciones legales, el exdirector del Dapre no solo habría sido determinador de los contratos irregulares, sino también un actor clave en el nombramiento de Olmedo López en la UNGRD, como parte de una estrategia para asegurar respaldo político a las reformas del Ejecutivo en el Congreso.
