El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, propuso una medida que podría transformar el mercado automotor colombiano: un incremento del 40% en los aranceles de importación de vehículos a gasolina o diésel, y del 35% para motocicletas que usen esos mismos combustibles.
La propuesta fue incluida en un borrador de decreto publicado el pasado 7 de noviembre de 2025, como parte de la Política Nacional de Reindustrialización (CONPES 4129). Según el Ejecutivo, la medida busca fomentar la transición energética, reducir la contaminación y estimular la industria nacional de vehículos eléctricos.
“El objetivo es desincentivar la importación de tecnologías altamente contaminantes y acelerar la transición hacia un parque automotor más limpio”, señala el documento del Ministerio de Comercio.
¿Qué vehículos y motos serían los más afectados?
El decreto no menciona marcas específicas, pero el aumento de aranceles afectaría directamente la importación de autos con motores a combustión interna, incluidos los sedanes, camionetas SUV, pick-ups y motocicletas de media y alta cilindrada.
Entre los segmentos más impactados estarían:
- Automóviles de gasolina de marcas como Toyota, Kia, Hyundai, Mazda, Nissan, Renault, Chevrolet y Volkswagen, que hoy representan más del 85% del parque automotor nacional.
- SUV y camionetas a diésel, como la Toyota Hilux, la Nissan Frontier, la Mazda BT-50, la Chevrolet Colorado o la Ford Ranger, ampliamente utilizadas en sectores rurales y empresariales.
- Motocicletas de combustión interna, especialmente las de baja y media cilindrada de fabricantes como Bajaj, Yamaha, Honda, Suzuki y AKT, que dominan el mercado nacional.
El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en su sesión del 5 de noviembre, recomendó las tarifas diferenciales que el Gobierno ahora busca implementar:
- 40% para automóviles y camionetas a gasolina o diésel (partida 8703).
- 35% para motocicletas a gasolina o diésel (partida 8711).
De aprobarse, estos aranceles entrarían en vigor 90 días después de su promulgación, afectando los precios finales de venta y la cadena de importación.
Un golpe al bolsillo del consumidor y al sector importador
Aunque el Gobierno defiende la medida como un paso hacia la sostenibilidad, diversos sectores económicos advierten que el aumento podría encarecer considerablemente el precio de los vehículos nuevos y restringir la oferta para los consumidores.
De acuerdo con expertos del sector automotor, un incremento arancelario de esta magnitud podría elevar en hasta un 25% el valor final de un carro o moto importada, lo que impactaría directamente al comprador y a los concesionarios que dependen de estos productos.
El gremio también teme un efecto dominó en el mercado de usados, pues ante los nuevos precios, más colombianos optarían por vehículos antiguos, lo que a su vez ralentizaría la renovación del parque automotor.
La apuesta del Gobierno: industria limpia y reindustrialización
El borrador de decreto justifica el alza arancelaria como una herramienta para impulsar la producción local de vehículos eléctricos e híbridos, así como para fortalecer los procesos de reindustrialización en curso.
“Es necesario incrementar los aranceles para fortalecer, proteger y promover la industria automotriz colombiana basada en tecnologías limpias”, se lee en el texto oficial.
El Ministerio de Comercio argumenta que el cambio de política es coherente con los compromisos internacionales del país, en especial con el Acuerdo de París y las metas de carbono neutralidad a 2050, que buscan reducir las emisiones del sector transporte.
¿Qué sigue para la medida?
El decreto aún se encuentra en etapa de discusión pública. Durante este proceso, gremios, ensambladoras e importadores podrán presentar observaciones antes de que el Ejecutivo tome una decisión definitiva.
De ser aprobado, el incremento arancelario representaría un cambio estructural en la política automotriz de Colombia, orientado a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover una movilidad más sostenible.
Sin embargo, el debate ya está abierto: mientras el Gobierno defiende la medida como un paso necesario hacia la transición energética, los consumidores y empresarios alertan sobre sus efectos en los precios, el empleo y la competitividad del sector.
