Tres meses después de la renuncia masiva de 16 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz, el Gobierno de Gustavo Petro expidió una nueva resolución que los vuelve a designar en ese rol. La medida busca revivir la mesa de conversación que pretende cerrar definitivamente el proceso iniciado hace dos décadas.
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De acuerdo con el documento, fechado el 21 de septiembre de 2025, los gestores nombrados son: Arnubio Triana Mahecha (‘Botalón’), Ramiro Vanoy (‘Cuco’ Vanoy), Héctor José Buitrago (‘El Patrón’), Juan Francisco Prada (‘Juancho Prada’), Luis Eduardo Cifuentes (‘El Águila’), Hernán Giraldo (‘el señor de la Sierra’), Manuel de Jesús Pirabán (‘Pirata’), Diego Fernando Murillo (‘Don Berna’), Salvatore Mancuso, Rodrigo Pérez (‘Julián Bolívar’), Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’), José Baldomero Linares, Rodrigo Tovar (‘Jorge 40’), Edwar Cobos (‘Diego Vecino’), Héctor Germán Buitrago (‘Martín Llanos’) y Fredy Rendón (‘El Alemán’).
Inicialmente eran 18 exparamilitares, pero desde mayo quedaron por fuera Ever Velosa (‘HH’) y Ramón Isaza.
Razones de la renuncia y nuevo liderazgo
En mayo, los exparamilitares renunciaron alegando incumplimientos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP), en cabeza de Otty Patiño, y denunciaron “falta de transparencia” y ausencia de voluntad política. Según su carta, la designación había quedado en un gesto “meramente simbólico”.
Con la nueva resolución, el proceso pasará a ser coordinado por el Ministerio del Interior, liderado actualmente por Armando Benedetti. Esta cartera deberá definir un plan de trabajo, firmar un acta de compromiso con los gestores y supervisar informes periódicos sobre sus actividades.
El documento también establece que, a solicitud del presidente, los gestores podrán acompañar instancias de diálogo en el marco de la política de “paz total”.
El objetivo: cerrar un proceso inconcluso
El 3 de octubre de 2024, durante un evento en Montería, el presidente Petro recordó que el proceso de desmovilización de las AUC de 2005 nunca se cerró de manera formal. Según él, quedaron pendientes la entrega de bienes a las víctimas y la consolidación de un acuerdo definitivo.
“El proceso no terminó. Quedó interrumpido y propongo instalar una mesa para finiquitarlo, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, dijo Petro, en un mensaje dirigido a Mancuso, quien regresó al país en febrero tras 15 años de extradición.
En abril de 2025, el Gobierno intentó instalar una mesa en Córdoba, liderada por la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), María Gaitán, lo que generó tensiones internas. Posteriormente, se decidió que la OCCP retomara el control del proceso, aclarando que se trata de un escenario de conversación, no de negociación.
La figura de los gestores de paz
La designación se sustenta en la Ley 418 de 1997, que creó la figura de gestores de paz para que exmiembros de grupos armados ilegales aporten en la construcción de acuerdos humanitarios.
Según la nueva resolución, los 16 ex-AUC deberán:
- Asistir a las diligencias judiciales que se requieran.
- Participar en las sesiones del Comité Técnico para el Cierre de la Mesa de Diálogo Social.
- Cumplir con el plan de trabajo acordado.
- Rendir informes periódicos sobre sus actividades.
La inasistencia injustificada podría derivar en la cancelación de su designación.
Un cierre pendiente desde la Ley 975
El proceso se enmarca en la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), que estableció los mecanismos de reincorporación y reparación para los desmovilizados. No obstante, los exparamilitares han insistido en que nunca se firmó un acuerdo formal y que el proceso quedó abierto.
La resolución de septiembre busca documentar los resultados, garantizar la reparación a las víctimas, consolidar la verdad histórica y ofrecer garantías de no repetición. Para ello, el Comité Técnico deberá elaborar un balance integral, hacer recomendaciones y definir estrategias para difundir públicamente los aportes de los ex-AUC.
Con esta decisión, el Gobierno Petro reabre un camino lleno de tensiones y desafíos. La reincorporación de los exjefes paramilitares como gestores de paz pretende dar un cierre definitivo al proceso iniciado hace 20 años, pero también pone sobre la mesa debates sobre legitimidad, justicia y la reparación de miles de víctimas que aún esperan respuestas.
