La familia Durango reclama un extenso territorio que, según ellos, le perteneció a su abuelo Mirócletes Durango, en los años treinta, donde hay once municipios en los que habitan 150 mil habitantes: Granada, San Carlos, Sonsón, San Rafael, El Peñol, Carmen de Viboral, San Francisco, Guatapé, Cocorná, Puerto Nare y Puerto Berrío. Alegan en la demanda interpuesta por: Enrique, Luz Elena, Gloria Durango Sanín y Enrique Durango Valero, en el Tribunal Administrativo de Antioquia en 2003, que el Estado permitió la ocupación de sus tierras por campesinos atraídos por la fertilidad del suelo y después a mineros para extraer carbón, sin títulos de propiedad alguno. Reclaman una indemnización que asciende a los 600 billones de pesos, una cifra superior al PIB colombiano.
La vasta tierra, cercada por la imaginación de sus propietarios, no pudo ser administrada por los herederos. En 1947 comenzó el proceso de sucesión de los predios de Mirócletes Durango a sus hijos, pero el proceso nunca concluyó. Ante la falta de pruebas que legitimarán la propiedad sobre el terreno, el Estado intervino en 1967. En el 2003, la familia interpuso, al desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria Incora, la primera demanda que no prosperó porque, además, reclamaban el subsuelo de la nación. En el 2009, los Durango apelaron ante el Consejo de Estado.
San Rafael, en el oriente antioqueño, es uno de los once municipios que reclama la familia Durango.
Es la demanda más grande de la que se tiene noticia, ejemplo de lo que deberá enfrentar el director de la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación, Fernando Carrillo. Son 260 mil procesos abiertos contra el Estado que suman 1.028 billones de pesos y, que de fallar en contra, simplemente quebrarían las finanzas públicas. Aunque muchas de éstas son tan desproporcionadas como la de los Durango, de todas formas el desgaste es mayúsculo.
