Casi un año después de la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down cuyo caso conmocionó al país, la Fiscalía General de la Nación dio un paso importante en la investigación judicial.
El ente acusador imputó a Emily Vivian Fuentes Hernández y a Danny Javier Ochoa Prada por el delito de homicidio culposo, al considerar que habrían existido presuntas omisiones en el deber de cuidado de la menor dentro de una institución educativa ubicada en la vereda Canelón, en Cajicá (Cundinamarca).
La decisión marca un nuevo capítulo en uno de los casos que más atención generó en el país durante 2025 y que abrió un debate sobre los protocolos de cuidado y protección de estudiantes con necesidades especiales dentro de los colegios.
¿Qué pasó con Valeria Afanador?
Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2025.
Ese día, Valeria Afanador, una estudiante de 10 años diagnosticada con síndrome de Down, desapareció de las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá.
La menor fue reportada como desaparecida luego de que, presuntamente, saliera de la institución educativa sin que nadie advirtiera su ausencia de manera inmediata.
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Durante más de dos semanas familiares, organismos de socorro y autoridades adelantaron intensas labores de búsqueda. Finalmente, el 29 de agosto de 2025, el cuerpo de la niña fue hallado en el río Frío.
Su muerte generó conmoción nacional y múltiples cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del plantel educativo.
¿Por qué fueron imputados dos trabajadores del colegio?
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer posibles fallas relacionadas con el cuidado y la vigilancia de la menor.
Según el ente acusador, Emily Vivian Fuentes Hernández, quien se desempeñaba como docente, habría omitido supervisar adecuadamente los desplazamientos de la estudiante y verificar que regresara del patio al salón de clases.
Por otra parte, Danny Javier Ochoa Prada, encargado del área de infraestructura de la institución educativa, es señalado de no haber realizado mantenimiento preventivo a las rejas por las que, presuntamente, salió la niña antes de dirigirse hacia el sector donde posteriormente fue encontrado su cuerpo.
La Fiscalía sostiene que estas circunstancias podrían configurar una conducta de homicidio culposo por presuntas omisiones en el cumplimiento de sus responsabilidades laborales.
Los procesados no aceptaron los cargos
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía formuló imputación contra ambos trabajadores.
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Sin embargo, ni la docente ni el encargado de infraestructura aceptaron los cargos que les fueron atribuidos.
Por tratarse de una imputación, los señalados continúan amparados por la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial y se determina su eventual responsabilidad en los hechos.
Un caso que abrió el debate sobre la protección de estudiantes
La muerte de Valeria Afanador provocó una profunda discusión en Colombia sobre las medidas de seguridad en las instituciones educativas, especialmente frente al cuidado de menores con condiciones que requieren acompañamiento especial.
La desaparición de la niña dentro del entorno escolar llevó a que padres de familia, organizaciones defensoras de derechos de la niñez y autoridades educativas pidieran revisar protocolos de vigilancia, infraestructura y respuesta ante emergencias.
Ahora, con la imputación de dos trabajadores vinculados al colegio, la investigación entra en una nueva etapa en la que la justicia deberá establecer si existieron responsabilidades penales derivadas de las presuntas omisiones señaladas por la Fiscalía.
Mientras tanto, el caso de Valeria Afanador sigue siendo recordado como uno de los episodios más dolorosos ocurridos en el ámbito educativo colombiano durante los últimos años.
