A pocos días de que el Gobierno fijara por decreto el salario mínimo 2026, el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), líder del Centro Democrático, reaccionó con un mensaje en el que respalda mejores ingresos, pero advierte sobre efectos en empleo, costos empresariales e inflación.
Un aumento ya definido por decreto
El Gobierno expidió los decretos el 29 de diciembre de 2025. Con esa decisión, el salario mínimo legal mensual para 2026 quedó en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095, para trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos. Con el auxilio, la cifra para quienes lo reciben llega a $2.000.000. El ajuste se tomó luego de que la mesa de concertación no lograra un acuerdo entre empresarios y centrales sindicales.
La reacción de Uribe: apoyo con advertencias
Uribe planteó un respaldo condicionado. Dijo "sí a la remuneración", pero insistió en que el aumento puede perder impacto si se combina con más presiones sobre precios, impuestos y un ambiente económico que, a su juicio, desincentiva la contratación. La frase más directa de su mensaje fue: "No hay puestos, se leerá en las puertas de las empresas".
Más allá del porcentaje, el exmandatario puso el foco en la idea de un "bienestar social sostenido". Su argumento es que mejorar el ingreso debe ir de la mano con condiciones que permitan que a las empresas les dé para sostener y ampliar nóminas, especialmente en sectores donde el margen es pequeño.
Empleo y jóvenes: el punto sensible
Uno de los énfasis de Uribe fue el impacto en los jóvenes. En su lectura, un aumento alto puede beneficiar a quienes ya tienen trabajo formal, pero hacer más difícil abrir nuevas vacantes o pasar de la informalidad a un empleo estable. También conectó esa preocupación con una posible salida de jóvenes del país, como parte de un panorama de menores oportunidades.
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Impuestos y cargas: el reclamo central
El expresidente pidió reducir impuestos y cuestionó que el peso del ajuste recaiga con fuerza sobre el sector formal. En su mensaje mencionó el efecto de recargos, festivos y otros costos laborales como parte de una estructura que, según él, limita la capacidad de absorber incrementos sin recortar contratación.
El aumento ya es un hecho y empezará a regir desde el 1 de enero de 2026. La discusión, desde ahora, se concentra en los efectos reales: cuánto suben los precios, cómo responden las empresas y si el mercado laboral logra sumar puestos nuevos o se queda corto.
