Un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eliseo Cacua Trillos y Juan José Durán Cepeda, dos hombres señalados de realizar actividades de extorsión en la provincia de Guanentá. Los capturados fueron interceptados el pasado 19 de septiembre en un puesto de control en la vía que conecta los municipios de Charalá y Coromoro, en Santander.
Operativo conjunto del Ejército y la Policía
Los dos sujetos se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y omitieron una señal de pare cuando fueron sorprendidos por tropas del Gaula Militar Chicamocha, el Gaula de la Policía y el Batallón de Artillería N.° 5. En el procedimiento, las autoridades hallaron abundante material probatorio que los vinculaba con actividades ilegales.
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Entre lo incautado había más de $10 millones en efectivo, celulares, una memoria USB, un computador, una agenda con registros de cobros ilegales, además de boletas y citaciones extorsivas alusivas al ELN. También fue inmovilizada la motocicleta en la que se desplazaban.
Señalados de pertenecer al ELN
De acuerdo con la investigación, los capturados serían integrantes de la comisión Santander del Frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, grupo que opera en la región. El coronel Luis Jairo Fuentes Pinzón, jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, indicó que los detenidos habrían exigido dinero a campesinos, ganaderos, comerciantes e incluso al alcalde de Coromoro, Rodolfo Sánchez Álvarez, a quien días atrás habrían enviado amenazas y panfletos extorsivos.
“En un control nocturno se sorprendió a estos dos bandidos con material de cobros ilegales dirigidos a la población civil y a las autoridades locales”, señaló el oficial.
Contexto de violencia en la región
Este resultado se produjo en medio de la alerta por la presencia del ELN en Santander, que recientemente se atribuyó el asesinato de Arley Yaruro Díaz, alias ‘Mario’, ocurrido el 27 de agosto en el municipio de Coromoro. El grupo armado lo acusó de hacerse pasar por guerrillero para delinquir y difundió un video en el que justificaba su ejecución.
Tras este hecho, las autoridades ofrecieron una recompensa de $30 millones para esclarecer el crimen y reforzaron la seguridad en la provincia Guanentina.
Judicialización
La Fiscalía imputó a los capturados por el delito de extorsión, aunque en una etapa inicial también se les señaló de rebelión. Ninguno aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
