El asesinato de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres conmocionó al mundo el 2 de marzo de 2016. La activista había ganado notoriedad internacional luego de ser reconocida con el Premio Medioambiental Goldman en 2015, considerado el más importante en su ramo, por su resistencia y oposición a la construcción de la represa de Agua Zarca por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el río Gualcarque en inmediaciones de territorios donde vive la comunidad indígena lenca.
Desde entonces su familia ha luchado por recibir justicia. Mediante la ONG Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), por ejemplo, su hija Berta Zúñiga ha reclamado que avancen las investigaciones para hallar a los culpables, no solo materiales sino intelectuales, del asesinato.
La lucha de la familia se ha traducido en un constante quiebre de las estructuras poderosas de Honduras que desde el asesinato, según Zúñiga, han buscado que el caso quede en la impunidad.
Algunos de esos obstáculos que se han logrado romper han traído como resultado condenas contra siete personas que fueron los responsables materiales del crimen y el juicio en marcha que durante los próximos días debe concluir si el expresidente ejecutivo de la empresa DESA, Roberto David Castillo, es uno de los autores del crimen.
Pese a los progresos en las investigaciones, Zúñiga como coordinadora del Copinh considera que el asesinato de Cáceres está lejos de recibir justicia debido, entre otras razones, a que falta hallar a los responsables intelectuales que serían, según las acusaciones, integrantes de la familia Atala Zablah que son propietarios de DESA.
Zúñiga explicó que las condenas a los autores materiales y la que espera que reciba Castillo no deben cerrar la puerta a las investigaciones por la autoría intelectual del crimen de su madre.
“Para nosotros es muy importante abrir la posibilidad de que otras personas vinculadas al crimen, que ya se ha señalado que tienen que ver con esa máxima responsabilidad, en algún momento puedan ser enjuiciadas”, le contó Zúñiga a la Agencia Anadolu.
Sobre Castillo, Zúñiga afirmó que es un eslabón entre los autores materiales e intelectuales del asesinato y que espera que su juicio culmine con una condena contundente “que señale el nivel de participación y de involucramiento que él tuvo en este crimen”.
“Esperamos que sea una sentencia clara en señalar las motivaciones por las cuales Berta Cáceres fue asesinada, entre estas hemos introducido algunos temas que tienen que ver con su condición de mujer, de lideresa social, y de ser parte del pueblo indígena. También que quede claro que el señor Castillo tenía formación en inteligencia militar y que él utilizó esa formación para la comisión del crimen”, sostuvo Zúñiga.
La hija de Berta Cáceres detalló, además, que el asesinato solo fue posible por la venia y el respaldo de instituciones del Estado que tuvieron sus perpetradores. “No olvidamos que entre las personas que han sido procesadas hay algunas que pertenecieron al Ejército de Honduras o pertenecían de manera activa”.
Zúñiga se refiere al militar retirado y exjefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, y el mayor del Ejército Mariano Díaz Chávez quienes fueron condenados a 30 años de cárcel en diciembre de 2019 como parte de los siete autores materiales del homicidio.
“Eso no es coincidencia. Son estructuras del Estado. (…) Además cumplieron un papel las fuerzas de seguridad desalojando a las personas, promoviendo la violencia y queriendo imponer el proyecto hidroeléctrico”, lamentó Zúñiga.
La coordinadora del Copinh relató que también se debe esclarecer los posibles vínculos de funcionarios del Estado que pese a tener intervenido el teléfono de Chávez, antes del asesinato y mientras mantenía conversaciones que daban indicios del atentado que se planeaba, no hicieron nada para proteger a Berta Cáceres.
La hija de la activista explicó, a su vez, que la justicia por la muerte de Cáceres reivindicaría las luchas territoriales, no solo de Honduras, sino de muchas regiones de América Latina. Para Zúñiga lo sucedido con su mamá “debe producir algunas reformas estructurales en cuanto al tema de las concesiones de ríos y de territorios de comunidades indígenas”.
Zúñiga reclama, además, que se investiguen presuntas responsabilidades del ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco, quien según el abogado de la familia, Víctor Fernández, apoyaba explícitamente los proyectos de la empresa y en un principio habría buscado la impunidad del asesinato.
“A Berta la mataron el 3 de marzo de 2016 y al día siguiente el ministro, la principal figura de seguridad del país, planteó que el asesinato se debía a un conflicto personal o pasional. Eso marcó una pretensión de cerrar el caso”, le aseguró Fernández a la Agencia Anadolu.
El abogado detalló que para alcanzar plena justicia en la causa los implicados de la familia Atala Zablah deben ser llamados mínimamente como testigos en las investigaciones que se adelantan, lo que lamenta que no haya sucedido.
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Para Fernández debe también investigarse a los financiadores del proyecto, que tenían intereses económicos en la represa, y finalmente que la concesión a DESA sobre las obras en el río sea retirada pues, pese a que está suspendida, tiene una vigencia de 50 años.
“No puede haber justicia si además la concesión está vigente a pesar de que el mismo Estado de Honduras ha planteado que es un contrato lesivo para los intereses del país y por supuesto que ofende los derechos del pueblo indígena lenca”, afirmó Fernández.
La familia, por ahora, espera atenta el resultado del juicio contra Castillo que debería conocerse para finales de este mes de junio. De confirmarse una condena se rompería otro eslabón en la cadena de impunidad que intentó ponerse sobre el asesinato de la emblemática y recordada ambientalista hondureña.
