El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 18 años y 3 meses de prisión en contra de Luis Carlos Sampayo Mejía, el falso abogado que tramitó ilegalmente pensiones y ocasionó un millonario desfalco dentro del magisterio de docentes en el departamento de Córdoba.
Este caso de corrupción se conoce como el 'cartel de las pensiones en Córdoba'. Durante la etapa de juicio, la Fiscalía demostró que este hombre fingió ser abogado y, en asocio con otras personas, participó en la presentación de 51 demandas con las que obtuvieron reajustes pensionales a favor de profesores que no cumplían los requisitos de ley.
El ente investigador indicó que el falso profesional del derecho y sus cómplices soportaron las peticiones judiciales con documentos espurios, y recurrieron a otras maniobras ilícitas para que los jueces accedieran a sus pretensiones. Este entramado de corrupción representó pérdidas para el erario público por 255 mil millones de pesos.
"En ese sentido, el fallo en contra de Sampayo Mejía se mantiene por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso heterogéneo con prevaricato por acción y falsedad en documento público agravada. Al igual que la multa de 17 mil salarios mínimos mensuales vigentes y la inhabilidad de 194 meses para ejercer cargos públicos", comunicó la Fiscalía.
Así fueron las irregularidades
La Fiscalía General señaló que el primer hecho relevante contra Luis Carlos Sampayo Mejía es que no es abogado, así lo certificó el Consejo Superior de la Judicatura, que reveló que ejerció con la tarjeta profesional de otra persona.
También se evidenció que el hombre estuvo involucrado en la falsificación en 5.530 documentos públicos y 1.218 documentos privados, con los que se soportaron las demandas de ajuste pensional contra la fiduciaria La Previsora S.A., el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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"En el camino irregular para lograr el desembolso de las pretensiones económicas, fueron falsificados, entre muchos trámites y papeles, poderes de autenticación de las demandas de los profesores, firmas y sellos de la Secretaría de Educación de Córdoba, resoluciones de aprobación de ajustes pensionales y certificaciones del secretario ejecutivo de la Gobernación de Córdoba, en las que supuestamente daba el visto bueno para que se cumplieran los pagos", detalló el ente acusador.
