El Juzgado 58 Penal Municipal de control de garantías de Bogotá emitió una orden de captura y solicitó expedir notificación roja de Interpol en contra de Juan Carlos Montes Fernández, el personaje del famoso 'Petrovideo'.
La Fiscalía General realizó esta solicitud debido a que Montes Fernández, quien se desempeñó como subdirector de Construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) durante la alcaldía de Gustavo Petro, se ha negado a comparecer en medio de un proceso que se sigue en su contra por presuntos actos de corrupción.
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Por esa razón, Juan Carlos Montes fue declarado persona ausente y un fiscal adscrito al CTI le imputó el delito de contrato sin cumplimento de los requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo.
Cabe recordar que este hombre se hizo famoso por aparecer en el video en el que se le ve al hoy senador Gustavo Petro recibir varios fajos de billetes y meterlos en una bolsa. Montes es la persona que le entrega el dinero al actual congresista.
El llamado 'Petrovideo', que generó un escándalo y varios cuestionamientos, fue difundido en 2018 por la senadora Paloma Valencia durante el debate que se le realizó al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez por el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht en el país.
Cabe resaltar que, en junio, la Sala Especial de Instrucción archivó la indagación que se seguía en contra del senador de la Colombia Humana por este famoso video.
¿De qué se le señala a Juan Carlos Montes?
Según explicó la Fiscalía, las irregularidades identificadas ocurrieron cuando Juan Carlos Montes celebró un contrato para la construcción de la primera fase del Parque Metropolitano Porvenir, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.
Indicó que el contrato, cuyo valor ascendió a 19.000 millones de pesos, fue suscrito el 24 de noviembre de 2015 y tenía una vigencia de un año. Sin embargo, "las obras pactadas fueron entregadas a finales de 2019".
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"Adicionalmente, hay indicios de que en la fase precontractual, supuestamente, se vulneraron los principios de planeación, transparencia y selección objetiva. Al parecer, no hubo estudios de mercado ni de población y el contrato habría sido direccionado al consorcio Porvenir 2015", señaló el ente investigador.
Por otro lado, la Fiscalía mencionó que se estableció que el contrato de interventoría del proyecto del construcción del parque, presuntamente, fue celebrado con un instituto adscrito a la Universidad Distrital Francisco de Paula Santander, "que estaba impedido para contratar con el Estado porque tenía vigente una suspensión".
