Las decisiones de la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordoñez, pueden ser interpretadas de varias maneras, dependiendo del lente con el que se les mire. Sin embargo, queda claro que muchos de nuestros burgomaestres, escogidos en las elecciones de 2007, no han sido ni rectos, ni eficientes ni han estado comprometidos con los ciudadanos que tuvieron la confianza en elegirlos. En otras palabras, las sanciones aplicadas por la Procuraduría en estos casos demuestran que muchos de nosotros, los ciudadanos de este país, elegimos equivocadamente a quienes nos gobiernan, con efectos desastrosos, muchas veces todavía impredecibles, para la comunidad en la que vivimos.

Y hablo, en este momento, específicamente de las elecciones locales y regionales, porque el próximo 30 de octubre volveremos a hacer el ejercicio democrático que brinda legitimidad a aquellos que gobernarán los destinos de nuestros departamentos, municipios y distritos. Es claro que el problema no se queda en estas entidades territoriales, sino que también está presente, como lo hemos visto, en la administración nacional. Pero ese tema debe ser motivo de otra columna.

No voy a argumentar aquí que la culpa es de aquellos que salimos a votar por el candidato equivocado. Mal haría en hacerlo; la responsabilidad recae sobre los elegidos y sus funcionarios, que aprovechando la condición de poder que le ha sido conferida, dirigen sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos particulares y no a la consecución de las necesidades colectivas. El poder en Colombia, en muchos de estos casos, se convierte en el peor de los males para la sociedad, es decir, en la limitación de sus derechos y en el apremio político para el avance hacia el progreso.

No obstante, si es necesario que todos los colombianos hagamos catarsis colectiva y un esfuerzo particularmente necesario para escoger mejor a nuestros gobernantes. Es una invitación respetuosa a no dejarnos guiar por los aparatos publicitarios, muchas veces tan llamativos y bien diseñados, ni por promesas irrealizables, sino por los programas políticos que los candidatos tienen la obligación de presentar a la comunidad que quiere gobernar. Pero al mismo tiempo, es fundamental reconocer en el ambiente público los indicios sobre la calidad del candidato, en otras palabras ya es hora de empezar a sufragar por aquellos que representan el menor riesgo para la comunidad. Si existe algún tipo de indicio sobre la posibilidad de malos manejos, de corrupción, de ineficiencia del candidato, abstengamos de votar por él y demos paso a otras opciones que pueden ser mejores.

Este ejercicio no garantiza que aquel que salga elegido, no defraude a sus electores. Sin embargo, permite ejercer el derecho más sagrado dentro de la democracia electoral, el voto, de una manera más responsable y consciente. Recordemos que cuando estamos ante las urnas, solo nuestra consciencia presiona la decisión final, el resto se queda fuera, lejos de nosotros.

Adicional a todo lo que se ha dicho, es fundamental castigar severamente a los partidos políticos, esas entidades amorfas que subsisten en Colombia, si las administraciones pertenecientes a sus partidos no cumplieron de manera decorosa con el ejercicio del poder. No se trata solamente si fueron o no corruptos, sino más bien si fueron eficientes en su gestión. La omisión de los planes de gobierno es tan importante que nos permite incluso proponer la revocatoria del mandato, si éstos no se concretan.

Si dejamos de lado esta arista, seguiremos mandándole un mensaje equivocado y peligroso a los partidos políticos: no importa si gobiernan bien o mal. Eso implica que el concepto de representación política se ve altamente vulnerado, ya que excluye la responsabilidad como uno de sus pilares fundamentales. En ese sentido vale la pena mencionar que los ciudadanos al votar no escogen solamente un candidato, éste está ligado a un partido o a un movimiento que lo respalda, y la responsabilidad no es exclusiva del candidato sino, y sobre todo, del partido que le dio su aval y su confianza. Por ello, esos partidos vergonzosos que se escudan en “responsabilidades jurídicas”, son un mal ejemplo para la democracia en Colombia.

Recordemos que la democracia no se construye desde arriba, mal hacen los que la conciben de tal manera. Por el contrario, se fortalece  desde el ciudadano y su vinculación con la cosa pública. Debemos convertir nuestra valiosa democracia en un sistema, no solo ligado al poder sino sobre todo a la ética política, que tan alejada ha estado del comportamiento de muchos de los gobernantes y de los ciudadanos. En otras palabras en un sistema ético-político que construya comunidad por encima de intereses particulares o privados, que tanto daño han hecho en nuestros municipios, departamentos y distritos.

No es una tarea ni fácil ni rápida, pero es necesaria para recomponer las estructuras políticas y las relaciones de poder en Colombia. El optimismo frente a este cambio es muy moderado porque subsisten apremios enormes y estructurales para su cumplimiento, por ejemplo: el clientelismo-electoral, la compra de votos, la corrupción administrativa, la cooptación y presión armada en algunas regiones, el abstencionismo histórico, entre otros tantos. Aun así, no proponérnoslo como sociedad sería un triste y lamentable error.

Por ello mi invitación, a través de este espacio, es a que votemos a consciencia, sin presiones de ningún tipo, para dotar a la democracia de los gobernantes que realmente necesita la nación colombiana. Y si el castigo por las malas administraciones no llega desde el ciudadano, invito al señor procurador a seguir cumpliendo su deber, porque se convierte en un campanazo de alerta para los gobernantes, en la medida en que por lo menos disciplinariamente el sistema sí funciona.

Escolio: La decisión de la Corte Suprema de Justicia referente a los computadores de alías Raúl Reyes, es un mal precedente de nuestra justicia. Esperemos que la Corte recapacite y tenga en cuenta los más altos intereses del Estado colombiano al cual, aunque muchas veces no parezca, todavía pertenecen.