Contiguum en la acción humanitaria, oportunidad para el gobierno Santos

21 de diciembre del 2010

La oleada invernal que afronta Colombia no sólo ha dejado 235 muertos, alrededor de dos millones de damnificados, miles de  hectáreas de cultivos, centenares de desempleados del agro y la industria, sino que se convierte en uno de los mayores retos del gobierno Santos para demostrar su capacidad de gestión ante los desastres, entendiendo esta como el conjunto de decisiones político administrativas y de intervención operativa que son llevadas a cabo durante las distintas etapas de un desastre (antes-durante-después).

En un país donde la acción humanitaria siempre se ha concebido como asistencialista, de corto plazo, y con un enfoque lineal y cronológico de acciones. El nuevo gobierno tiene una gran oportunidad para cambiar y optar por un enfoque que le apunte a sentar bases para el desarrollo, reducir las vulnerabilidades y fortalecer los sistemas de sustento de las comunidades, realzando así el rol del Estado y la soberanía nacional. De  la información adecuada para la toma de decisiones y la planificación de la respuesta al desastre; del apoyo técnico adecuado; de la movilización de recursos y de la participación de los más afectados,  depende que Colombia reduzca su vulnerabilidad al tiempo que incremente las capacidades, el capital social y las redes sociales de los más vulnerables.

Si se hace un balance de la gestión de desastres que ha venido implementando el Estado colombiano en los últimos años, se obtiene un resultado muy negativo. En primer lugar, el rol preventivo que se les adjudicó a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) quedó sumido en un fortín burocrático y politiquero. Las treinta y tres CAR dejaron de ser modelos exitosos en el manejo ambiental y pasaron a contribuir al incremento de las vulnerabilidades en las regiones (deforestación, ocupación inadecuada del territorio, contaminación, desecación de lagos, humedales ciénagas y embalses). Su autonomía financiera y administrativa sumada a la carencia de controles disciplinarios y fiscales por parte del Estado abonó el terreno para la utilización ilegal de recursos y la adjudicación de contratos bajo presión política sin arrojar ningún tipo de resultados.

A diferencia de lo que sucede en Colombia, las políticas de prevención se deben entender como una inversión a futuro, con actividades diseñadas para proporcionar una protección permanente ante los desastres, impidiendo la aparición de una catástrofe desencadenante y/o reducir su intensidad a fin de evitar que se causen daños humanos y materiales. Una reforma estructural a las CAR y una reflexión en torno a las funciones por las cuales fueron creadas es inminente si se le apunta al ejercicio de políticas de prevención en esta línea.

En segundo lugar, la preparación ante los desastres, es decir  los diferentes mecanismos que permiten tanto la predicción de los desastres como la respuesta rápida y efectiva a los mismos, tampoco han resultado tan efectivos en nuestro país. Nuestros gobernantes tanto en el ámbito nacional como en el regional, no le apuestan a las acciones a largo plazo. Las inversiones en los temas de prevención y preparación suponen grandes desembolsos de recursos para hipotéticos desastres, con lo que los beneficios no son inmediatos ni tangibles y por tanto no le aportan a los afanes protagónicos de los políticos colombianos. Por un lado, algunos sectores aseguran que Colombia cuenta con significativos avances en el tema de prevención y preparación ante los desastres en materia de terremotos y erupciones volcánicas por experiencias y lecciones aprendidas del pasado (Armero, Popayán y el eje cafetero) que le implicaron costos muy altos al país. Sin embargo, estamos muy lejos en el desarrollo de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia para afrontar el tema de las inundaciones. Realidad que hoy salta a la vista y que genera desconcierto e indignación en la sociedad civil.

Apostarle a una acción humanitaria  con enfoque de contiguum, es decir no sólo que se conciba como asistencia –salvar vidas-, sino también como una ayuda enfocada a desarrollar acciones vinculadas a proyectos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, lo que implica la combinación simultanea de todas las formas de intervención.  Y  es aquí, donde el Gobierno deberá apoyarse en los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) del país que cuentan con años de experiencia en el acompañamiento integral de las comunidades rurales más vulnerables en los distintos territorios. El conocimiento y la capacidad de los PDP con cada uno de sus modelos, sumada a la voluntad política del gobierno Santos, son indispensables para pensar  una estrategia de acción humanitaria que logre no sólo mitigar el daño causado tras el desastre, sino restablecer plenamente las condiciones de vida de la población.

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