Y pasó lo que temíamos que iba a pasar: el gobierno del presidente Juan Manuel Santos informó finalmente el miércoles pasado que el narcotraficante Walid Makled se iba extraditado para Venezuela y no para Estados Unidos. No es poca cosa el precedente que dejó Colombia por cuenta de la polémica decisión anunciada oficialmente por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

En ausencia de Santos, quien andaba por Europa en una gira por varios países, Vargas explicó que la determinación de enviar al venezolano Makled a Caracas se tomó con base en un novedoso concepto jurídico: que el régimen dictatorial del presidente Hugo Chávez lo solicitó primero en extradición, antes que el gobierno de Washington.

Con todo el respeto que merece el doctor Vargas Lleras, hacía rato no se escuchaba un carretazo tan bravo. La extradición, Señor Ministro, es un acto político y no jurídico. Entonces Makled perfectamente pudo ser enviado a Estados Unidos -que lo procesa por delitos relacionados con narcotráfico- sin infringir ley local alguna.

De hecho, la Corte Suprema de Justicia, en su concepto del 24 de marzo pasado sobre el caso Makled, anotó: “Corresponde al Presidente de la República entrar a determinar la prelación al momento de proceder a la entrega del reclamando” Makled. Y agregó: “El tema de la prelación de la concesión de la extradición es ajeno a la competencia de la CSJ; la Corporación se abstiene de realizar cualquier análisis al respecto”.

Tan claro como el agua: si el tema Makled hubiese sido de carácter jurídico, la CSJ lo hubiera dirimido. De eso no le quepa la menor duda a nadie. La Corte Suprema, que en realidad sólo tiene competencia para revisar aspectos muy elementales de las extradiciones, dejó el balón en el terreno del gobierno y el gobierno se enredó con él, o, mejor, quiso enredarse con él en favor del nuevo mejor amigo de Colombia.

Lo que pasa es que el presidente Santos había comprometido su palabra con Chávez de que Makled sería extraditado a Venezuela para así evitar que en Nueva York este personaje cuente todo lo que sabe sobre los nexos del chavismo con la mafia y el terrorismo.

Adicionalmente, Vargas advirtió que Makled, antes de irse para su país, podía hablar con las autoridades colombianas y de Estados Unidos si éstas lo requerían. Hombre, por Dios, o el ministro de la política es muy ingenuo o nos cree ingenuos a nosotros: Makled ya no va a hablar nada en Colombia porque es consciente de que en los próximos días estará en la peor cárcel de Venezuela, bajo las más inclementes medidas de intimidación y de silenciamiento. Así son las satrapías. O si no pregúntenle al demócrata Alejandro Peña Exclusa, quien está preso desde julio pasado por no estar de acuerdo con los desvaríos de Chávez.

Y como si todo lo anterior fuera poco, Vargas Lleras aseguró que Colombia estará pendiente de que a Makled les sean respetados en Venezuela sus derechos fundamentales y de que allá tenga un juicio justo. ¿A quién quieren engañar? De Makled no volverá a saber nadie en el mundo en los próximos 50 años, a menos de que caiga la dictadura en el vecino país.

Como lo habíamos advertido en esta misma columna hace dos semanas, Colombia con la extradición de Makled a Venezuela quedó en el peor de los mundos. El gobierno del presidente Barack Obama no quiere decir nada públicamente por diplomacia. La verdad, sin embargo, es que en el interior de la Casa Blanca y en el Congreso estadounidense hay gran molestia por la inexplicable decisión del gobierno Santos.

Parece que se olvidó rápidamente que Estados Unidos le ha dado a Colombia en los últimos años más de 6 mil millones de dólares para lucha contra el narcoterrorismo. En cambio, ¿qué hemos recibido de Venezuela? Problemas, sólo problemas. Que más problema que les da cabida en su territorio a algunos de los peores criminales colombianos de todos los tiempos: Iván Márquez, Timochenko, Grannobles, Pablito, Granda, por citar sólo a algunos.

Así el gobierno colombiano insista en que los líderes de las guerrillas no están en Venezuela, el país parece pensar como Santo Tomás: “Hasta no ver no creer”. Porque que se sepa el informe que presentó en julio pasado en la OEA el embajador Luis Alfonso Hoyos, sobre la probada presencia de jefes rebeldes en Venezuela, no ha sido rectificado por nadie distinto a las autoridades del Palacio de Miraflores.