El tubo tuvo la culpa

26 de junio del 2012

Esa propaganda pudiera ser el modelo de manejo de lo que ha pasado con la famosa ‘reforma a la Justicia’. Igual que en esa publicidad no fueron ni el arquitecto, ni el constructor, ni el maestro de obra los culpables del problema, ahora nadie es culpable de que se haya producido lo que de un […]

Esa propaganda pudiera ser el modelo de manejo de lo que ha pasado con la famosa ‘reforma a la Justicia’.

Igual que en esa publicidad no fueron ni el arquitecto, ni el constructor, ni el maestro de obra los culpables del problema, ahora nadie es culpable de que se haya producido lo que de un momento para otro viene a ser calificado de ‘monstruosidad’.

Pero varias consideraciones merecen hacerse.

Entre ellas —tal vez la más importante— que al igual que en la propaganda, lo que sucede es que nos están vendiendo una imagen, o en el mejor de los casos una interpretación, de acuerdo con lo que hoy quieren los medios. Vemos lo que los medios nos hacen ver, y en gran medida los personajes públicos actúan en función de lo que los condicionan los medios.

No es verdad que lo que salió de la reforma haya sido un golpe artero realizado en la instancia de conciliación: fue el resultado de un proceso consensuado a lo largo de ocho instancias en las que lo único que interesaba a los gestores —incluyendo Gobierno, congresistas y la participación de las altas cortes— era el ‘entenderse’ con las contrapartes sin dar ninguna importancia al sentido o contenido de la reforma. Hoy se encuentran los defectos y errores (‘micos’ o ‘aberraciones’) y se buscan culpables y chivos expiatorios. Pero lo que realmente importa, es decir, el porqué sucedió esto, se deja de lado: es la regla del juego que busca la ‘gobernabilidad’, es el principio de la política alrededor de la ‘Unidad Nacional’, es la necesidad que tiene el Gobierno de dar gusto al Parlamento para mantener las mayorías que permiten gobernar a pupitrazos, y la recíproca condición de los congresistas de depender de lo que el Ejecutivo les reparta de poder y de prebendas, lo que hace e hizo que tenga prelación esa relación entre las partes que las obligaciones ante la población y ante la Carta Política. Lo esencial nunca fue una reforma para los problemas de la justicia sino una reforma a la relación entre los poderes, una Reforma Política.

No puede darse algo más explícito que lo declarado por el presidente de la Cámara Simón Gaviria —sobre todo en su condición de ‘Director Único del Partido Liberal’— al reconocer que no leyó o no entendió lo que leía, porque la adhesión de la bancada al Gobierno suponía el respaldarlo en la votación.

Es nuestro sistema el que está mal, y no necesariamente o exclusivamente los operadores del mismo.

La conciliación es la instancia que tiene el sistema, y el Congreso actuó dentro de esa potestad (por supuesto entendiendo que daba gusto y contaba con la aprobación del Ejecutivo, puesto que nunca hubo nada que desvirtuara esa presunción y por el contrario pidió que votaran y aplaudió el resultado). En otras palabras, no es contra de las reglas del juego tanto legales como de las relaciones que sucedió esto, sino en desarrollo de ellas.

La paradoja es que así lo confirma la actitud también de Simón Gaviria (en su doble condición de vocero del Congreso y —aunque espurio— del Partido Liberal) al adherir y respaldar la posición del Presidente Santos, a sabiendas de que se trata de una maniobra de imagen de muy dudosa validez Constitucional (o incluso ir más allá al sugerirle ‘archivar’ ese Acto Legislativo, como si tal posibilidad existiera); y lo confirma aún más la cascada de apoyo parlamentario a esa iniciativa, a comenzar por los voceros de las otras bancadas.

Fue la indignación inventada y generada por los comunicadores ya después de producido el daño (no la atacaron durante el trámite y seguramente los motivó ahora la idea de que eso daba buen rating) la que indujo al Presidente a acudir a la demagogia para intentar ganar puntos de imagen ante la nueva situación.

El acudir a abusos de competencias —así sea mediante burdas interpretaciones seudojurídicas— no tiene tanto el propósito de impedir lo malo de la reforma (que ya había sido aceptado casi en su totalidad) como lavarse las manos y desvincularse de un proceso que compartió hasta el último instante. Y lo más probable es que se limite a la manifestación de intención, sin que se pueda concretar en vía constitucional de acción. En otras palabras, crea un caos mayor al salirse de los trámites previstos, ya que solo en dos legislaturas consecutivas ordinarias, y no en sesiones extras ni en un nuevo periodo, puede el Congreso tener competencia para tramitar un Acto Legislativo; y causa una interinidad total, ya no solo en el proceso que se surtía (que tiene sus propios mecanismos de rectificación como son la instancia de la Corte Constitucional y el referendo revocatorio), sino en la vigencia de uno u otro régimen.

No parece que la opinión pública acepte que los únicos malos del paseo fueron los congresistas, y que el Gobierno será el santo varón que rectificará los males; en cambio la intromisión del Ejecutivo en el fuero del Legislativo y el acudir a vías de hecho sí nos retorna a la etapa en que el presidente asumía que desde que contara con el respaldo popular podía desconocer las leyes y la Constitución.

Eso pasa en un país manejado por ‘comunicadores’ y ‘relacionistas’, con uno de ellos a la cabeza como Presidente. Como en la propaganda, se llega hasta pretender hacernos creer que ‘el tubo tuvo la culpa’.

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