Se ha abierto una discusión sobre la eliminación de la dependencia de la Veeduría Distrital, cuya cabeza es nombrada por el alcalde. De hecho es la única veeduría del país que por ley es designada directamente por el vigilado. Hay un proyecto para eliminarla. Nosotros pensamos que en su lugar mejor sería “ciudadananizarla” mediante la elección popular del(a) Veedor(a) Distrital.
Proyecto para eliminar la Veeduría Distrital reabre el debate sobre la elección popular de órganos de control
Por estos días participamos en el debate sobre el proyecto de ley para la eliminación de la Veeduría Distrital, creada en 1994 por el Estatuto Orgánico de la ciudad, así como quitarle las funciones como “veedor ciudadano” que erradamente le asignaron al personero de la ciudad. Lo cierto es que dicha entidad nació muerta porque ni el alcalde debe nombrar el (la) veedor(a) ciudadano(a), ni el personero debería tener funciones de tal pues habría una duplicidad de funciones, como actualmente ocurre. La independencia, autonomía, e imparcialidad se pierden cuando el alcalde de turno pretende capturar el control, particularmente cuando participa por lo menos a través de su bancada en la selección de la Contraloría y Personería distritales, o de manera más directa como en la práctica ha ocurrido, si no pregúntenle a Samuel Moreno, Miguel A. Moralesrussi y Francisco Rojas Birry, respectivamente excontralor y expersonero, hoy presos por el cartel de la contratación.
Veeduría Distrital de elección popular para Bogotá y todo el país
Unos proponían la continuidad de la entidad como la esposa de Mockus, veedora designada por el alcalde. Otros la supresión de la entidad y adicionarle las funciones a la Contraloría y Personería distritales, que demandaría otra reforma legal, y eventuales tropiezos constitucionales. Nuestra propuesta fue de hacer de la Veeduría Distrital un ente de elección popular, que podría replicarse en todo el país, como una estructura ciudadana con énfasis preventivo y con carácter participativo, más que representativo —como lo es hoy—.
Las llamadas asestaduras –contralorías, procuradurías, personerías– están convertidas en elefantes blancos en las cuales el esfuerzo económico aplicado por los colombianos va en relación directa con la burocracia e inversa con sus resultados; por ello deben cederle el paso a la sociedad civil en expresiones autónomas mediante la creación de veedurías de elección popular.
La Contraloría y Personería Distrital no cuestan más de $150.000 millones al año, la Veeduría Distrital cuenta con un presupuesto de más de $8.000 millones anuales, mientras las veedurías ciudadanas no contamos con un solo peso, ni para el correo, ni para las fotocopias de los derechos de petición, ni derecho alguno para capacitación de veedores, y no tenemos ninguna infraestructura para nuestra tarea; y con seguridad en muchos sentidos y grandes debates de corrupción nacionales y distritales hemos ido más lejos que todos los anteriores juntos. Parece como si en el país no hubiera interés en dignificar el ejercicio de competencias ciudadanas.
Yo te elijo, luego tú me absuelves
En general, es una perversidad que quien es sujeto de vigilancia como el Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales designen a quienes los vigilen. A más de romper la independencia en el ejercicio del control, la elección termina directa o indirectamente siendo el resultado de un acuerdo implícito o explicito de clientelización, o captura en mayor o menor grado de la tarea misional de la institución. Esta es la regla de oro para ser elegido, de la cual nadie escapa, ni puede escapar: sin acuerdos políticos ni respaldos partidistas, es imposible llegar. Las entrevistas, presentación de hojas de vida, especialmente en las elecciones de órganos de control son una completa farsa a la cual la rama judicial frenéticamente contribuye a alimentar.
El sistema de elección de las cabezas de los órganos claves de la democracia como órganos de control y de defensa ciudadana ha colapsado, así como los mecanismo de integración y promoción de sus plantas de personal. Esta es la gran moraleja respecto de la elección de las cabezas de los órganos de control, no solo Contraloría y Procuraduría, Defensor del Pueblo, contralores departamentales y municipales, así como personeros. Este régimen precisa ser cambiado de raíz, y no hay ni ha habido quien escape a esta práctica, y quien llegue cualquiera que sea a la Procuraduría, de antemano sabemos, no podrá sustraerse a la regla de oro que constituye esta exigencia.
Elección popular de órganos de control
De alguna manera hoy es imposible dejar los órganos de control fuera de la disputa burocrática, y una alternativa sugiere entregárselos a los partidos de oposición, incluyendo los minoritarios, para sustraerla al gobierno de turno, sea cual fuere. Sin embargo, ello podría conllevar al ejercicio de la oposición política y clientelista por vía del control, lo que podría ser incluso peor.
A futuro la única fórmula virtuosa que se sugiere para superar el círculo vicioso de dependencia morbosa entre vigilante y vigilado, no será mediante pañitos de agua tibia que solo repiten la consabida regla de que hecha la ley hecha la trampa, sino precisamente es la receta democrática: más democracia. Es decir, hacer tales cargos de elección popular con un régimen exigente de inhabilidades e incompatibilidades sin reelección posible.
POSDATA
Banco Mundial discute en profundidad el cambio de modelo de contratación: ojalá Colombia más pronto que tarde haga lo mismo
La semana anterior el Banco Mundial comenzó una ronda de consultas en los países miembros respecto de los componentes de un cambio de fondo de su esquema “de compras” o contrataciones, y Colombia no fue la excepción. Ello fue posible gracias al reciente restablecimiento de las relaciones en materia de transparencia cuya llave se había perdido hacía una década cuando insistimos en la lucha contra la corrupción como política de Estado, que intenta reasumir el actual Gobierno Nacional.
En tal escenario presentamos la necesidad improrrogable de conjurar la inflación legislativa en materia contractual, la seguridad jurídica mediante procedimientos simplificados, democratización de la contratación para que más medianos y pequeños contratistas puedan contratar y todo un torrente de participación ciudadana desde la planeación y control en su celebración y ejecución, como requerimientos válidos para la banca multilateral y para nuestro país.
Se trastea la Contralora “cinco estrellas”
A su regreso de Europa la Contralora cinco estrellas con un trasteo de Mudanzas Chicó trasladó su oficina al exclusivo centro comercial Gran Estación, cuyo arriendo costará cerca de $3.000 millones mensuales, en un contrato que inicialmente pareciera pactarse para dos años, pero que contiene cláusulas que hablan de diez años, es decir $320.000 millones; más que comprar el inmueble. Me pregunto, si será, señora Contralora ”cinco estrellas”, que Ud. conoce a los dueños de la nueva sede. Cientos de empleados de carrera la seguirán contrariados con una caja de cartón llena de documentos y otros cientos de libre nombramiento y remoción están prestos a devorar el patrimonio patrio. Con todo, desde su nuevo palacete la Contralora “cinco estrellas” no podrá escapar a dar cumplimiento a la decisión de la Corte Constitucional mediante sentencia C-284 de 2011, que finalmente logramos después de un año que duró en firmas le fuera notificada, de no nombrar más a su acomodo los directores para convocar a concurso dichos cargos, con asignación básica mensual superior a los $10 millones mensuales.
Vuelve a descacharse la Fiscalía con el cartel de la contratación
Cada semana la Fiscalía hace triste carrera por no pedir una medida de aseguramiento contra alguien vinculado al cartel de la contratación y esto ocurrió con los depredadores del Hospital Meissen: no vinculó a los familiares del capo Julio Gómez. Acompañamos a la Procuraduría en la entutelada contra la jueza que liberó al capo —equiparable al Loco Barrera— del cartel de la contratación, Emilio Tapia.
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Elección popular de la Veeduría Distrital
Lun, 24/09/2012 - 09:01
Se ha abierto una discusión sobre la eliminación de la dependencia de la Veeduría Distrital, cuya cabeza es nombrada por el alcalde. De hecho es la única veeduría del pa