Estómagos vacíos, violencia asegurada

En muchos departamentos y municipios de Colombia, los saqueadores de la cosa pública, literalmente se roban hasta el oxígeno. Son como un enjambre de langostas que arrasan con todo lo que encuentran a su paso. En el entretanto, las entidades de control se hacen las de la vista gorda, mientras los deshonestos llenan sus bolsillos y reparten una porción del “pastel” para comprar silencios. Es una historia de nunca acabar, porque el sistema está hecho para que funcione así: corruptamente. La “legalización” del robo de las arcas estatales es el mecanismo a través del cual se pagan favores y financian campañas. A todo le echan mano los bandidos; no hay remilgos cuando de ganancias se trata y, como esa plata no tiene dolientes directos, la operación resulta más fácil que despojar de sus pertenencias a una anciana desvalida. Esa gente sin escrúpulos no se conforma con causarle un daño terrible a la sociedad, sobre todo a sus miembros más vulnerables. Llega al colmo del cinismo, cuando hacen gala y ostentación del dinero ilegalmente expoliado. Nuevos ricos de la contratación pública que ayer no tenían un catre en donde caerse muertos, hoy son “grandes señores”, por cuenta de sus chequeras manchadas de dolor. Hay robos de robos, pero, sin duda, los que se cometen contra los presupuestos destinados a salud y educación, son los más abominables (quisiera referirme a todas las modalidades, pero necesitaría una separata especial). Quitarle la opción a un niño indefenso y en situación de pobreza de curarse, alimentarse, y evitar que acceda a una educación digna y de calidad son actuaciones que no tienen perdón. No puedo imaginar qué clase de individuo logra conciliar el sueño y mirar a su familia a los ojos luego de cometer crímenes tan execrables. Sin embargo, por ahí andan muy orondos, porque ni siquiera la sociedad los rechaza. Me he puesto en la tarea de revisar uno a uno, junto a mi equipo investigativo, los planes de alimentación de varios entes territoriales, y lo que he encontrado produce indignación, horror y mucha tristeza. Empezaré hoy por el departamento de Córdoba, del cual soy oriundo. No es un secreto para nadie que en el Sinú están ocurriendo cosas espantosas y que la corrupción se volvió paisaje. En los años 2013 y 2014, la Secretaría de Educación de Córdoba suscribió sendos contratos para el suministro de desayunos en las escuelas públicas del departamento, en lo que se conoce como el Plan de alimentación escolar. La beneficiaria fue una empresa de nombre rimbombante: “Consorcio por la Nutrición de Córdoba”. La suma de los “contraticos” asciende a la bicoca de casi 60 mil millones de pesos. El contrato para el año 2015 fue firmado en diciembre del 2014 y adjudicado al “Consorcio Córdoba Saludable”, por la nada despreciable suma de $23.884.401.084. (Ver contrato). En esta última “licitación” se presentaron solo dos aspirantes, el ganador y la “Fundación Unidos por Colombia”. Al consultar los certificados de Cámara de Comercio, salta a la vista que ambos proponentes son vecinos de oficinas. Ahí no acaban las coincidencias: los contratistas del año 2014 operan también en el mismo lugar conocido en Montería como “El Campanario”. (Ver documentos). Una figura que se repite a lo largo y ancho de la geografía contractual: la colusión. Un pacto ilícito para ponerse de acuerdo, en perjuicio de un tercero. Los mismos con las mismas, dándole apariencia de legalidad a un entuerto. En gracia de discusión, debo decir que lo anterior es una bagatela en comparación con la realidad que día a día viven los niños que reciben esa porquería a la que llaman desayuno. (Ver Galería de fotos). ¿Todo ese dinero para servir ese remedo de comida? ¡No hay derecho! Si de verdad queremos la paz, primero hay que alimentar correctamente a nuestros niños. La ñapa I: La efectividad de nuestra Fuerza Aérea está más que probada. La ñapa II: 50 años enseñando derecho, cumple la maestra Emillsen González de Cancino, orgullo y referente para el gremio. abdelaespriella@lawyersenterprise.com