Está claro que la seguridad es una de las funciones más importantes que tienen los Estados y los gobiernos locales a su cargo, puesto que esta se convierte en la base fundamental de la garantía efectiva de los demás derechos. No es posible gozar de libertades en medio de amenazas permanentes contra la vida.
Sin embargo, los esfuerzos que se hacen desde la Administración para mejorar los indicadores de seguridad y responder a las demandas ciudadanas, quedan cortos cuando la problemática se convierte en parte de la cotidianidad. Por ejemplo, en Bogotá el 61% de los habitantes se sienten inseguros y el transporte público se posiciona como el lugar en el que mayor inseguridad perciben, así lo sostiene la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio para el año 2018. De esta manera, el 51% de los delitos reportados por los encuestados hace parte del hurto a personas, donde el celular se convierte en el objeto más robado, seguido del hurto a residencias con 8% y de lesiones personales y vandalismo con 7% cada uno.
Lo anterior demuestra que, si bien la creación de la Secretaría de Seguridad es un gran avance en materia institucional, las estrategias que se implementen a futuro deben ir mucho más allá de la ampliación de los canales de denuncia. Necesitamos que la red de actores involucrados en esta tarea, fortalezcan su gestión articuladamente. La misma encuesta demuestra que las personas sugerían que acabar con la corrupción de la policía, mejorar la justicia y aumentar el pie de fuerza eran acciones que debían priorizarse para mejorar la seguridad en la ciudad. Pues de nada sirve denunciar y que la justicia blinde al delincuente o en el peor de los casos, tener que indemnizar al victimario. Los proyectos de vida de los bogotanos no pueden ser frenados por una bicicleta o un celular y lo más grave del asunto, estos hechos no deben normalizarse: el mes anterior fueron asesinados 83 ciudadanos.
No debemos pasar por alto que la seguridad no es un tema únicamente policivo, sino que vincula de forma directa a la comunidad; es decir, resulta necesario que las comunidades se organicen para propiciar espacios de participación que ayuden a mantener la seguridad en una línea de comunicación directa entre los vecinos y los cuadrantes, un tendero que denuncia un atraco a una señora en la calle no puede ser tildado de extremista, es apenas su deber ciudadano.
Luego, el punto de partida debe ser la prevención. Si trabajamos por una ciudad más educada con un sector empresarial pujante, garantizaremos más empleo, si generamos más empleo, habrá menos delincuencia. Todo bajo la premisa fundamental del orden, pues Bogotá debe ser una metrópoli segura, limpia, activa, donde no haya cabida para la delincuencia común ni para las mafias del micro tráfico.
Este resulta ser solo el punto de partida, pues es un proceso que requiere un sistema de coordinación interinstitucional entre la alcaldía y la policía metropolitana donde es fundamental la cooperación. Para ello es necesario contar con la voluntad política del alcalde y del Secretario de Seguridad, acompañado de un control político férreo y enérgico por parte de los concejales, que sirva para que las autoridades estén motivadas y alerta ante cualquier alteración de orden público. Debe existir una presión real para liberar nuestras calles de los bandidos, para que los bogotanos podamos gozar de nuestras libertades a través de la seguridad, pilar fundamental de la democracia.
