Si el Estado en su conjunto se diera la pela por limpiar la Fuerza Pública y la Policía Nacional, y no se les permitiera actuar como instituciones sin Dios ni ley y sin nadie que las controle, el país no se vería sometido a enfrentar escándalos como al que hoy debe ponerle la cara. Es el caso de la petición de extradición de Mauricio Santoyo a Estados Unidos, todo un General de la Policía, que además sirvió como Jefe de Seguridad de un primer mandatario colombiano que insinúa que todo lo malo que sucedió en sus ocho años de Gobierno se hizo a sus espaldas.

El país ha sido testigo de numerosos escándalos en los que se han visto salpicados miembros de la Fuerza Pública y la Policía Nacional por sus comprobados estrechos vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo y ahora con las bacrim, como bien lo denunció el general (r) Oscar Naranjo el día en que se capturaron miembros de su institución en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Cesar en agosto de 2011, por asociarse con los Rastrojos.

Si recordamos los sucesos de unos años atrás, encontraremos la manera como se supo de la alta penetración del Cartel del Norte del Valle a la Policía y el Ejército en esta zona, hecho que le costó la salida al general Jesús Antonio Gómez Méndez, por ese entonces (año 2008) jefe de la regional cuatro de Policía que opera en el suroccidente del país. Fue precisamente en este departamento donde también se produjo la masacre de Jamundí (año 2006), en la que diez policías de un comando antinarcóticos fueron asesinados a manos de integrantes del Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional, quienes actuando en complicidad con narcotraficantes de la zona protegían a Diego Montoya de las acciones que pretendían dar con su captura, según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Hechos similares han ocurrido en otras regiones del país. En el pasado mes de marzo, por ejemplo, en Pasto detuvieron a cinco policías activos que fueron hallados culpables de haber ocultado un cargamento de 70 kilos de cocaína, que habían incautado en un retén, y por el que iban a exigir a sus propietarios el pago de una millonaria suma de dinero. En Cartagena, en diciembre de 2009 fueron aprehendidos cuatro agentes de la Policía que pertenecían a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en Santander, Cesar, Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Cundinamarca. Y por último, es bien sabido los estrechos vínculos que han sostenido miembros del Ejército y la Policía en Antioquia con la Oficina de Envigado y por los cuales a la justicia le ha sido casi imposible acabar con esta organización criminal, que entre otras también logró penetrarla, hasta el punto en que el exdirector de Fiscalías de Medellín y hermano del exministro del Interior y de la Justicia Fabio Valencia Cossio, hoy está privado de la libertad por sus vínculos con el crimen organizado.

Tampoco podemos pasar por alto las oscuras relaciones en el pasado de altos mandos del Ejército Nacional con el paramilitarismo. Ejemplo de lo anterior, son los casos del mayor Álvaro Cortés Murillo, Alfonso Manosalva, Rito Alejo del Rio y sabrá Dios si lo que se dice del general Mario Montoya es cierto o no.

Vemos entonces que será difícil para Colombia limpiar a las instituciones militares y de policía, por el alto grado sistemático de corrupción a su interior, que no permite, además, que sean depuradas a través de la Justicia, sino que por el contrario buscan herramientas jurídicas para blindarse de esta, como por ejemplo, el fuero militar, que les garantizaría a esas “manzanas podridas” —si es que así puede llamárseles, porque este término resulta muy ingenuo e inocente para lo que la realidad de hoy muestra—, la impunidad judicial que no tienen en estos momentos y que seguramente en un futuro, de seguir como vamos, harán de la Fuerza Pública y la Policía Nacional, toda una asociación para delinquir.

Cambiando de tema: por el bien de la capital del país, ruego a Dios que el alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro, revise la actitud con la que está gobernando a la ciudad, porque no solo se escuchan rumores de un supuesto autoritarismo de su parte, sino también mal trato a la prensa, a la que cita a determinada hora y la atiende dos horas después.