Está inventado. La educación es, de lejos, el más eficaz ascensor social; y el Estado tiene en la educación pública un idóneo instrumento de construcción de igualdad social. Y de “prosperidad”, gran promesa electoral del Presidente Santos. Por ello, su Ministra de Educación, en  vez de fabricar globos como la nefasta conversión de las universidades públicas en “entidades con ánimo de lucro” debería disponer todos sus esfuerzos en garantizar a nuestros niños y jóvenes una educación pública de calidad.

La jornada escolar única puede ser la clave. La desigualdad y la reproducción de la pobreza de los colombianos empiezan con nuestros infantes. Mientras unos asisten a un sistema educativo que brinda, a quienes pueden, educación en colegios privados con jornada completa de 1.500 horas escolares al año (jornada escolar de 7:00 am a 3:00 pm durante 182 días), los niños y jóvenes con menores recursos asisten a colegios oficiales de sólo media jornada escolar: en primaria 900 horas año (cinco horas diarias) y en secundaria 1.100 horas año (seis horas diarias).

Las cifras no mienten. Los estudiantes de Chile tienen Jornada Escolar Completa, con un total de 1.519 horas anuales desde el año de 1997; España 1.320, Japón 1.470, Corea 1.768 y Australia 1.560 horas. Los sistemas educativos del mundo brindan jornada escolar completa, entre 1.300 y 1.700 horas escolares al año. Por ello, en los últimos diez años los estudiantes chilenos presentan los mayores avances en las pruebas internacionales que miden calidad de la educación.

La jornada escolar única en colegios oficiales para más de 10 millones de niños y jóvenes, incluidos el millón de estudiantes de Bogotá, constituye el gran reto de la educación en Colombia, y sobre ello el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos guarda silencio. Reto, no solo para los municipios o departamentos. Se requiere el apoyo de la nación y del conjunto de la sociedad, incluyendo la participación del sector privado. La jornada escolar única fortalece los proyectos pedagógicos y el desarrollo de sus contenidos curriculares, mejora la convivencia escolar y las relaciones de los estudiantes con profesores y directivos, y favorece las relaciones entre escuela y comunidad. Por supuesto que junto a ella, hay que fortalecer la enseñanza en ciencias básicas, bilingüismo y tecnologías de  la información y la comunicación.

En el Gobierno de Lucho Garzón, la secretaría de educación en cabeza de Abel Rodríguez mostró que solo en infraestructura y dotación para Bogotá se requieren 2 billones de pesos adicionales. Al mismo tiempo, hay que ampliar el número de docentes o mejorar los salarios de los actuales, pues pasarán de seis a ocho horas de labores en los colegios, lo cual significa para el país un billón de pesos adicionales en salarios.

Si el gobierno quiere “democratizar” la “prosperidad” no puede ser tacaño con la educación pública. Con las comunidades educativas, en especial con los maestros, puede entregarle, si quiere,  a los niños y jóvenes de Colombia ese ascensor para salir de la pobreza.