Catorce millones de bombillas puso la EPM en Medellín, pero brilla mucho más en el espíritu la percepción de la navidad, más incluso que las luces que simulan casas y mariposas en los parques de Colombia –idénticas desde Guaitarilla hasta Uribia, como si Blachere City Lights hubiera extendido sus tentáculos de multinacional hasta el alma navideña de los municipios colombianos–.
Todo se dispone desde octubre para que la novena se viva con alegría y en medio de regalos y licores se reciba al Niño Dios en casas ornadas de rojos y verdes, con pesebres fabricados según los presupuestos familiares en materiales que van desde el barro cocido hasta el oro para las mansiones de traquetos de buen gusto.
Pero hay casas que son en sí mismas pesebres donde muchos Niños Dios de calzón roto llevan ojos felices y risas locas, a pesar del frío que se les cuela por las rendijas del hambre y de la pobreza, son los hogares de un ejército de 79 mil mujeres que se hicieron cargo de niños ajenos bajo el pomposo título de madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
El salario disfrazado de las madres comunitarias es de 214 mil pesos mensuales por un trabajo que les exige 24 horas diarias de desgaste físico y moral, en el cual se les limita hasta el acceso a la salud, pero permanecen fieles a su pesada carga, porque casi todas se involucran afectivamente con los pequeños que cuidan y envejecen queriéndolos como propios, sin posibilidades de jubilación ya que el gobierno las puso en el sótano de la escala laboral con contratos leoninos que niegan su condición de trabajadoras, porque el servicio que prestan es “un acto voluntario”, y mientras los elegantes directivos del ICBF reciben honores y salarios abultados abullonados en sus oficinas, las madres comunitarias que hacen el verdadero trabajo son pauperizadas, materializándose en ellas lo que Alan Bates denominó “esclavitud contemporánea por salario”.
El 10 de junio de 2009 una madre comunitaria en Cali instauró tutela solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social y a la intimidad, violentados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ya la Corte Constitucional falló a su favor, ordenando que todas las madres comunitarias de tiempo completo del Bienestar devenguen al menos el salario mínimo legal vigente.
Gran conquista y espada de Damocles al mismo tiempo, porque el salario mínimo atraerá mujeres profesionales desempleadas y las madres envejecidas serán reemplazadas en su capacidad, en su experiencia, en su abnegación, en su corazón y en su maternidad ajena, por los títulos académicos de jóvenes ejecutivas.
Conocido el fallo salieron los opositores, en sus primeras declaraciones el director Diego Molano Aponte, -cuyo salario es de doce millones novecientos mil pesos, es decir que gana en un mes lo que una madre comunitaria gana en cinco años-, afirmó que “Destinar 700.000 millones de pesos para las madres comunitarias tendrá un impacto fiscal no solo para el ICBF sino para el país: es una cantidad de dinero con la que no contábamos en el presupuesto.”
Diego Molano Aponte.
En el ICBF se insiste que a las madres no se les puede vincular laboralmente a la nómina del Bienestar Familiar porque su labor es considerada como un voluntariado social. Este absurdo tiene sustentación jurídica en el artículo 2° del Decreto 1340 de 1995 que permitió al ICBF establecer los criterios administrativos para su Programa Hogares Comunitarios y en el artículo 4° que consagra que la vinculación de las madres comunitarias no implica relación laboral con el ICBF, dado que “su trabajo solidario constituye una contribución voluntaria”. Injusticia inmensa y exabrupto jurídico, porque ningún trabajador tiene tan tipificadas las características contempladas en el código laboral como ellas, pero esta es Colombia.
Por su parte el Ministro de Hacienda se opone al aumento aduciendo que "los recursos destinados a temas salariales de las madres comunitarias, ascenderán de un 10% al 31% de los Ingresos del ICBF, y que no sería posible incurrir en estos costos adicionales". Es bueno recordar que este mismo Ministro es adalid de una Reforma Tributaria que brinda exoneraciones a las personas más adineradas, en tanto se opone a que estas mujeres, que dedican su vida al cuidado de niños de escasos recursos, tengan la posibilidad de recibir un salario mínimo.
El doctor Diego Molano, recuperado del primer impacto que le produjo la sentencia de la Corte, ya habla de formalización, lo que equivale al decapite de las madres envejecidas y a su retiro hacia la miseria, porque nunca fueron empleadas del ICBF sino que recibían unas “becas” para atender a los niños. Ahora se discute que las madres comunitarias mayores de 65 años puedan recibir una pensión vitalicia de 215 a 285 mil pesos mensuales, un poco más de siete mil pesos diarios, que les alcance para dos buses, dos mil de pan y una bolsa de leche y se harten sus hijos, ya que casi todas son mujeres cabeza de hogar.
Feliz navidad para los niños dioses de calzón roto en los pesebres pobres del ICBF y un abrazo de solidaridad y admiración para las esclavas modernas que los cuidan, las madres comunitarias.
@mariojpachecog
El salario disfrazado de las madres comunitarias es de 214 mil pesos mensuales por un trabajo que les exige 24 horas diarias de desgaste físico y moral, en el cual se les limita hasta el acceso a la salud, pero permanecen fieles a su pesada carga, porque casi todas se involucran afectivamente con los pequeños que cuidan y envejecen queriéndolos como propios, sin posibilidades de jubilación ya que el gobierno las puso en el sótano de la escala laboral con contratos leoninos que niegan su condición de trabajadoras, porque el servicio que prestan es “un acto voluntario”, y mientras los elegantes directivos del ICBF reciben honores y salarios abultados abullonados en sus oficinas, las madres comunitarias que hacen el verdadero trabajo son pauperizadas, materializándose en ellas lo que Alan Bates denominó “esclavitud contemporánea por salario”.
El 10 de junio de 2009 una madre comunitaria en Cali instauró tutela solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social y a la intimidad, violentados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ya la Corte Constitucional falló a su favor, ordenando que todas las madres comunitarias de tiempo completo del Bienestar devenguen al menos el salario mínimo legal vigente.
Gran conquista y espada de Damocles al mismo tiempo, porque el salario mínimo atraerá mujeres profesionales desempleadas y las madres envejecidas serán reemplazadas en su capacidad, en su experiencia, en su abnegación, en su corazón y en su maternidad ajena, por los títulos académicos de jóvenes ejecutivas.
Conocido el fallo salieron los opositores, en sus primeras declaraciones el director Diego Molano Aponte, -cuyo salario es de doce millones novecientos mil pesos, es decir que gana en un mes lo que una madre comunitaria gana en cinco años-, afirmó que “Destinar 700.000 millones de pesos para las madres comunitarias tendrá un impacto fiscal no solo para el ICBF sino para el país: es una cantidad de dinero con la que no contábamos en el presupuesto.”
Diego Molano Aponte.
En el ICBF se insiste que a las madres no se les puede vincular laboralmente a la nómina del Bienestar Familiar porque su labor es considerada como un voluntariado social. Este absurdo tiene sustentación jurídica en el artículo 2° del Decreto 1340 de 1995 que permitió al ICBF establecer los criterios administrativos para su Programa Hogares Comunitarios y en el artículo 4° que consagra que la vinculación de las madres comunitarias no implica relación laboral con el ICBF, dado que “su trabajo solidario constituye una contribución voluntaria”. Injusticia inmensa y exabrupto jurídico, porque ningún trabajador tiene tan tipificadas las características contempladas en el código laboral como ellas, pero esta es Colombia.
Por su parte el Ministro de Hacienda se opone al aumento aduciendo que "los recursos destinados a temas salariales de las madres comunitarias, ascenderán de un 10% al 31% de los Ingresos del ICBF, y que no sería posible incurrir en estos costos adicionales". Es bueno recordar que este mismo Ministro es adalid de una Reforma Tributaria que brinda exoneraciones a las personas más adineradas, en tanto se opone a que estas mujeres, que dedican su vida al cuidado de niños de escasos recursos, tengan la posibilidad de recibir un salario mínimo.
El doctor Diego Molano, recuperado del primer impacto que le produjo la sentencia de la Corte, ya habla de formalización, lo que equivale al decapite de las madres envejecidas y a su retiro hacia la miseria, porque nunca fueron empleadas del ICBF sino que recibían unas “becas” para atender a los niños. Ahora se discute que las madres comunitarias mayores de 65 años puedan recibir una pensión vitalicia de 215 a 285 mil pesos mensuales, un poco más de siete mil pesos diarios, que les alcance para dos buses, dos mil de pan y una bolsa de leche y se harten sus hijos, ya que casi todas son mujeres cabeza de hogar.
Feliz navidad para los niños dioses de calzón roto en los pesebres pobres del ICBF y un abrazo de solidaridad y admiración para las esclavas modernas que los cuidan, las madres comunitarias.
@mariojpachecog
