Se han prendido las alarmas en relación con el aumento de robos a ciudadanos nacionales perpetrados por supuestos migrantes del país vecino, casi siempre bajo amenaza con armas cortopunzantes y, en ocasiones, de fuego. En zonas limítrofes con Cúcuta y La Guajira se habla de un incremento considerable de atracos callejeros, situación que se repite en los departamentos de la Costa Caribe, lugares a donde han llegado grupos grandes de venezolanos, que, en su mayoría, son muy pobres. Sin embargo, parece que la mayor concentración de migrantes se encuentra en Bogotá. Según informes oficiales, se han instalado unos 300.000 en la capital, que corresponden al 2 % de la población. Esta cifra es llamativa, considerando que en las noticias del reciente fin de semana se habló de más de 1.500 personas detenidas por robos y atracos, de las cuales el 36 % son venezolanas. En concreto, existe una alta tasa de criminalidad entre la población migrante de ese país.
Las noticias son inquietantes y circulan como pólvora por las redes sociales, lo que genera un sentimiento de xenofobia hacia nuestros vecinos, similar al que existe en otros países latinoamericanos en relación con los migrantes colombianos (Chile, Ecuador, Argentina) y al que se vivió años atrás en la misma Venezuela ante el éxodo de colombianos.
No es bueno que, con base en información no validada por las autoridades, en comentarios de chats, y por cuenta de bandidos que han llegado junto con miles de gentes buenas buscando albergue ante la calamitosa situación causada por el desgobierno del señor Maduro, se creen prejuicios y malestares que pueden llegar a convertirse en odio hacia los migrantes. Informa Migración Colombia que cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos están instalados en nuestro país, muchos de ellos considerados colombo-venezolanos y la mayoría personas de bien, que se han visto obligadas a abandonar Venezuela, en forma definitiva o temporalmente, mientras regresa la tranquilidad y el orden. En Ecuador, hace unos meses, lincharon a un maleante venezolano y los medios informaron que en algunas ciudades de la Costa colombiana se han presentado intentos de linchamientos, afortunadamente no ejecutados.
Colombia tiene una obligación de hermandad con los migrantes venezolanos, pero a la vez debe prevenir y reprimir los delitos que cometan individuos de esta comunidad o de cualquier otra nacionalidad, incluyendo la colombiana. Para investigar y castigar al delincuente no debe ser necesario preguntar si es colombiano o extranjero: basta comprobar que se comete un delito. ¿Acaso hemos olvidado la cantidad de delitos cometidos por colombianos en el país vecino o en otras naciones? El proceso de detención, de posterior juzgamiento y las penas decretadas deben ser las mismas sin tener en cuenta la nacionalidad. Otra cosa es que, preventivamente, se detecten e identifiquen bandas de malandros en las que se asocian personas de determinada nacionalidad, como sucede con las maras de Centroamérica cuando operan en Estados Unidos.
Preocupa saber que ya funcionan en Colombia asociaciones de delincuentes venezolanos, constituidas en grupos armados, que son el resultado de la impunidad reinante en Venezuela y del aumento inusitado de la criminalidad bajo el régimen del socialismo del siglo XXI, trasladados a este lado de la frontera. No olvidemos que tanto Chávez como Maduro han armado a millones de personas con el pretexto de defender el proyecto revolucionario y que muchos de ellos se han tomado calles y barrios en Caracas para ejercer el crimen, por lo que los índices de muertes violentas en Venezuela han alcanzado los más altos niveles de la región.
Colombia debe enfrentar el problema de manera razonable con medidas efectivas, sin caer en prejuicios y xenofobia. La responsabilidad más importante puede corresponder a Migración Colombia en su tarea de identificar a los migrantes venezolanos y de otorgar permisos temporales de residencia en nuestro país, puesto que toda persona debe tener y portar un documento de identidad, lo cual constituye un apoyo a la gestión del control por parte de la autoridad. La Policía Nacional debe mantener la vigilancia permanente sobre atracos, robos y otros delitos cometidos por venezolanos (y colombianos, por supuesto), a fin de detectar la constitución de bandas y judicializar los casos en los que se tengan pruebas. Finalmente, los jueces tienen la responsabilidad de juzgar y condenar debidamente a los responsables, para que no siga ocurriendo el despropósito de los reincidentes, quienes saben que en este país reina la impunidad y, después de cometer el delito, gozan de la libertad para continuar libremente en su actividad antisocial.
