Ya habíamos tenido oportunidad de llamar la atención sobre la ausencia de claridad, coherencia y definición por parte del Gobierno Nacional en lo atinente a la política pública en materia de los biocombustibles en Colombia[1], al tiempo que le planteamos la necesidad de soltar las amarras que le impiden crecer más autorizando el incremento del porcentaje de las mezclas. Como se recordará, las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, que tuvieron su desarrollo a través del Documento CONPES 3510 de 2008[2], sentaron las bases y condiciones para el surgimiento y expansión de la agroindustria de los biocombustibles en Colombia, al establecer la obligatoriedad de la mezcla de un porcentaje de etanol con la gasolina – motor y de aceite con el diesel. Siempre se dijo que este programa tendría un carácter multipropósito: la seguridad energética, reduciendo la dependencia con respecto a los combustibles de origen fósil, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la combustión en los motores y dinamizar el sector agrícola, proveedor de la materia prima para cargar las plantas procesadoras de los biocombustibles.
En efecto, gracias a la mezcla de un 8% de etanol con la gasolina – motor y del 9.2% de aceite con el diesel, se reduce el consumo de 19 mil barriles/día de derivados del petróleo. Ello es tanto más pertinente si tenemos en cuenta la precariedad de las reservas de petróleo con que cuenta el país y su tendencia a la declinación desde el 2014, al tiempo que el coeficiente reservas/ producción (R/P) pasó de 6.6 en 2013 a menos de 5 en la actualidad. También ha venido cayendo la producción y cada vez nos alejamos más de la meta de producción de un millón de barriles/día, al punto que la producción fiscalizada para el mes de septiembre fue de solo 859 mil barriles diarios promedio anual. De allí que la meta haya sido revisada recientemente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y ahora se limita a sólo 973.000 Barriles/día, la cual luce demasiado optimista a la luz del declive de la actividad exploratoria de los últimos dos años, a consecuencia de la caída de los precios del crudo.
Es un hecho que el uso de los biocombustibles en Colombia ha venido contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en aproximadamente 2.5 millones de toneladas/año, equivalentes a 6 puntos porcentuales de los 20 a los que se comprometió el Gobierno Nacional con la COP21 hacia el 2030, como su contribución al combate al cambio climático. Este compromiso de Colombia es tanto mayor porque, además de ser vinculante a partir del mes de noviembre, fue quien planteó la iniciativa y la viene liderando de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Gracias a esta agroindustria se ha ampliado la frontera agrícola del país, particularmente las áreas cultivadas palma africana que ha incorporado 250 mil hectáreas nuevas de cultivos de la fruta a lo largo y ancho del país. 8 departamentos del país cuentan ya sea con cultivos de caña o palma para producir la materia prima o con las plantas, 12 en total, para procesarla. Son más de US $300 millones los que se han invertido en las plantaciones agrícolas de esta nueva cadena productiva y más de US $300 millones en las plantas procesadoras de los biocombustibles. Todas esta inversiones han sido posible gracias a la confianza – inversionista en unas reglas claras y establecidas, que ahora se pretenden alterar, que han incentivado a este subsector que ya representa el 0.306% del PIB total (0.11% el etanol y 0.19 el biodiesel), mientras que el cultivo de caña y de palma representan 7.74% del PIB agrícola (4.03% la palma y 3.71% la caña). La agroindustria de los biocombustibles genera más de 81 mil empleos formales directos e indirectos permanentes, principalmente en el campo, sobre todo, en las zonas en donde el conflicto social y armado ha sido más agudo, trayendo tranquilidad y poniendo de presente que en nuestros departamentos, estas agroindustrias, han sido aportantes de paz y progreso.
Todos estos logros y beneficios son los que se están poniendo en riesgo con la expedición de dos resoluciones que, por un lado (Resolución 40953 del 3 de octubre de 2016 del Ministerio de Minas y Energía) se congela el precio de los biocombustibles, sin argumento alguno de peso que lo justifique y por el otro (Resolución 140 de 2016) se pretende por parte de la CREG, que no es competente para ello, equiparar el precio de los biocombustibles, que son un aditivo oxigenante, con los combustibles de origen fósil. Ello es un despropósito que daría al traste con este sector y de paso, al provocar el cierre de las plantas procesadoras y malograr las cosechas, le infligiría un duro golpe a esta actividad de la que derivan su subsistencia poblaciones enteras, de las más vulnerables del país. Y de contera, va a contrapelo del Acuerdo de La Habana, ahora en revisión y ajuste, que consigna en su primer punto el desarrollo agrario integral.
Si no se echa pié atrás y se derogan estas resoluciones esta agroindustria tendrá sus días contados y, por ejemplo, Bionergy, la planta con capacidad de producir hasta 400 mil litros /día de etanol, instalada por ECOPETROL en el Meta nacerá muerta. Una vez más son las propias autoridades las que se encargan de poner palos en las ruedas para entorpecer la marcha de esta cadena agroindustrial, cuando aún no se repone del golpe asestado por el Decreto 343 de febrero de este año del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual se suspendió por seis meses los aranceles a las importaciones que compiten con la producción nacional de biocombustibles y dejó sin efecto la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) para los aceites vegetales, que le costó $207.000 millones (¡!).
[1] Amylkar D. Acosta M. La apuesta por los biocombustibles. Marzo, 26 de 2016
[2]Lineamientos de política para promover la producción sostenible de biocombustibles en Colombia.
