Bogotá está a punto de una emergencia sanitaria. El próximo 30 de septiembre terminan los contratos de aseo. Una decisión de la Corte Constitucional ordenó parar la nueva licitación que busca entregar en concesión este servicio para los próximos siete años. Un negocio que vale la bicoca de 2,5 billones de pesos. Para la Corte no está claro el cumplimiento de una sentencia suya que garantice la inclusión de los recicladores en la operación futura del servicio.
Pero que nos quedemos sin quienes recojan y dispongan las 6.200 toneladas diarias de basura que producimos en Bogotá no es culpa de la Corte. Ella está haciendo lo suyo. La responsabilidad recae en la Unidad Administrativa y Ejecutiva de Servicios Públicos (UAESP), entidad encargada del servicio de aseo de la ciudad. Y para ser más precisos, en Victoria Eugenia Virviescas, aquella tristemente célebre directora, quien renunció luego de conocerse una conversación de subalternos suyos en un restaurante de Bogotá sobre los cambios en el operador del Relleno Sanitario Doña Juana. Aún recordamos el famoso mantel de los comensales y las iniciales de nombres que luego engrosaron la lista de los miembros del “Cartel de la Contratación”.
Y digo que Virviescas tiene responsabilidad porque bien sabía que los contratos de operación del servicio de aseo terminaban el 30 de septiembre de 2010. Y deliberadamente dejó vencer los tiempos. Para ello se hizo asesorar de su amigo Álvaro Dávila, contratado por la UAESP días siguientes de su posesión. Obvio que para evitar una emergencia sanitaria el Distrito se vio “obligado” a prorrogar los contratos por un año más. Una nueva licitación hubiese significado aplicar las nuevas resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) que significaban rebajas tarifarias del 20% al 25%. También mejoras tecnológicas y ambientales; y mejor trato a los recicladores hasta ahora excluidos del negocio. En cambio la prorroga acordada por un año sólo permitió descuentos del 5% en las tarifas.
Ahora estamos peor que hace un año. Por fortuna la ley no permite una nueva prórroga que haría felices a los actuales operadores. Las Áreas de Servicio Exclusivo (ASES) que dividen la ciudad según autorización de la CRA para la prestación del servicio también expiran. Junca, el nuevo director de la UAESP, para calmar los ánimos ha dicho que acudirá a la “urgencia manifiesta” y que está avanzando en un acuerdo con los operadores para celebrar contratos temporales. Ha dicho que logrará en esta nueva contratación descuentos del 19% en las tarifas.
No quiero hacer de “aguafiestas” pero hay un detalle. Sin ASES, la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios establece la “escogencia del prestador, por parte del usuario, en un mercado de libre competencia”. Quiere decir que el Distrito no puede entregar el monopolio del servicio a nadie. Y que cualquier ciudadano puede escoger libremente quien le recoja su basura. Y que cualquier empresa puede ofrecer el servicio en cualquier parte de la ciudad también libremente. Imagínense semejante caos. Mejor dicho, una verdadera emergencia.
