El Gobierno de Joe Biden se propuso continuar algunas acciones iniciadas durante la Administración Obama para combatir las causas de la migración irregular en Centroamérica. Sin embargo, su objetivo de impedir más olas migratorias o lograr que los gobiernos combatan la corrupción en sus países parece estar lejano, ya que los gobiernos centroamericanos no quieren apegarse a las nuevas directrices de Estados Unidos.
“Lo que estamos viendo es un enfoque de alto nivel al tema de la migración en la frontera sur de Estados Unidos. El tema no solo de promover la prosperidad económica, sino también el de la corrupción es algo que es muy central para el presidente Biden y se ha comprometido en desarrollar una fuerza de tarea regional de corrupción”, dijo, en una conferencia de prensa en Washington DC, Juan González, director de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Administración Biden.
En los cuatro años de gobierno de Donald Trump las acciones en Estados Unidos se centraron en esfuerzos para crear bloqueos legales para impedir la migración y la entrada de personas al país, especialmente latinos.
El sistema migratorio y de asilo fueron modificados de tal manera que los centroamericanos no podían tener la oportunidad de quedarse en el territorio estadounidense peleando su caso.
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Gracias a los acuerdos “bilaterales” del Tercer País Seguro firmados entre la Administración Trump y México, Guatemala, El Salvador y Honduras, entonces Estados Unidos podía enviar a estos países a todos los inmigrantes rechazados en las fronteras estadounidenses. Pero desde 2018 el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, advertía que los tres países “no son socios efectivos” de Estados Unidos.
Ahora, la Administración Biden trata de marcar los nuevos lineamientos e implementar acciones que Trump dejó de lado, como exigirles a los países del Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador, combatir la corrupción y la impunidad, dos grandes e históricos problemas en la región.
Sin embargo, la recepción del mensaje, las propuestas y las condiciones de Estados Unidos parecen no estar siendo aceptadas en Centroamérica.
Como medida de presión, para que los tres gobiernos consideraran el cambio de postura, Estados Unidos ha enviado fuertes mensajes. En diciembre pasado, una vez se confirmó a Biden como el próximo presidente, el Congreso aprobó un recorte al presupuesto de ayuda militar para los países del Triángulo Norte y en la Cámara de Representantes se aprobaron otras medidas para castigar con más rigor la corrupción en Centroamérica.
En febrero, Biden anunció que Estados Unidos destinaría USD 4.000 millones para el Triángulo Norte; sin embargo, el mismo presidente y altos funcionarios encargados del tema migratorio en la región, aseguraron que los fondos no serán entregados a los gobiernos, sino a organizaciones civiles o a grupos del sector privado que quieran trabajar para combatir las causas de la migración y crear oportunidades en esos países.
El plan Biden pretende dejar de entregar más ayuda económica directa a los gobiernos o a los funcionarios de los tres países que arrastran un largo historial de corrupción e impunidad y tomar otras medidas para sancionar a funcionarios, exfuncionarios y hasta familiares de funcionarios, que, según Estados Unidos, están vinculados a casos de corrupción o tienen vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.
Estados Unidos pretende saber cómo ha sido utilizado o a dónde fue a parar el dinero de la cooperación que ha entregado a los tres países en los últimos años. Para los republicanos, el distanciamiento de estos gobiernos, la falta de transparencia y la falta de responsabilidad del Triángulo Norte representan un obstáculo en las negociaciones de la reforma migratoria propuesta por Biden y los demócratas.
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Los tres países, según el informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2021, del Departamento de Estado, tienen serios señalamientos por corrupción, denuncias de violaciones a derechos humanos, por abusos de poder y en el caso de El Salvador, por autoritarismo. Problemas que además son apuntados entre las causas principales que obligan a los centroamericanos a migrar.
La última semana de marzo, la congresista demócrata Norma Torres responsabilizó a los gobernantes de Guatemala, Honduras y El Salvador por la crisis migratoria que afecta a Estados Unidos, por la falta de respuesta a este problema de parte los líderes políticos, y además calificó como “narcogobiernos” y de “Estados fallidos” a los gobiernos de estos países.
De hecho, esta semana se espera la publicación de un reporte sobre funcionarios centroamericanos vinculados a casos de corrupción y a grupos del narcotráfico solicitado por la congresista Torres. Como sanción para las personas que resulten incluidas en la lista, Estados Unidos podrá cancelar visas o emitir alertas de negocios a sus ciudadanos.
Acciones poco efectivas
“La ayuda económica que Estados Unidos dio desde la Administración Obama y el combate a la corrupción es el pabellón que según los demócratas sirve para reducir la migración. Sin embargo, la política de ayuda económica para menguar la situación migratoria de los demócratas no ha logrado con éxito su objetivo, porque la migración sigue”, le dijo el experto en migración Roberto Sarmiento a la Agencia Anadolu.
Si bien Trump no se interesó en combatir la corrupción en la región, los demócratas ahora se dieron cuenta que la corrupción no ha disminuido, pese a la inversión y cooperación económica y técnica de millones de dólares que Estados Unidos ha invertido en los tres países, pensando que así se reducirá la migración.
“No es que se haya disminuido la corrupción, sino que no se ha hecho nada y sigue estando latente en Honduras, El Salvador y Guatemala. El punto es que ya les dieron dinero y no están viendo el fruto, o cómo se invirtió ese dinero. No está funcionando ese ataque contra la corrupción y no se sabe en qué fue invertido ese dinero”, agrega Sarmiento.
Para otros analistas, el tema de la migración y los gobiernos corruptos de Centroamérica va más allá de los planes de una administración, porque se trata de problemas “profundos e institucionalizados” en los que Estados Unidos tiene cierto grado de responsabilidad.
“Estamos (hablando) de décadas y niveles profundos de corrupción institucionalizada en El Salvador, Guatemala y Honduras; no es algo que se vaya a arreglar de la noche a la mañana. Hay que reconocer primero la responsabilidad de Estados Unidos, que apoya a las dictaduras que le convienen. En los tres países quienes apoyaron a quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad en la región fueron los norteamericanos”, dijo a Anadolu el periodista y profesor de California Roberto Lovato.
El periodista está a favor de que Estados Unidos suspenda la ayuda económica a Centroamérica, para evitar que esta siga llegando a manos de los políticos corruptos; pero al mismo tiempo considera que Estados Unidos debe hacer una inversión profunda en programas sociales y de salud para atacar el problema del consumo y abuso de drogas, pues esta es una de las causas principales por las que el tráfico de sustancias ilícitas sigue siendo un negocio para los grupos del crimen organizado, tanto adentro como afuera del país.
¿Qué pasa en Centroamérica?
En los últimos diez años, Estados Unidos ha invertido en cooperación para los países del Triángulo Norte más de USD 780 millones en programas sociales y en apoyo para que los gobiernos de los tres países combatan la corrupción, fortalezcan las instituciones y la transparencia, para generar oportunidades de empleo y mejorar la economía de estos países.
Sin embargo, los problemas de corrupción lejos de mejorar parecen haber empeorado. En Honduras, por ejemplo, la sentencia de Juan Antonio Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, por delitos relacionados con tráfico de drogas, es un ejemplo de cómo opera la corrupción en el país.
En sendos reportes y grabaciones adjuntos a los documentos del caso consta que el hermano del presidente, que también fue diputado del Parlamento hondureño, utilizó sus conexiones y su posición política para proteger, operar y trabajar incluso con grupos de narcotraficantes de otros países, incluido Colombia.
En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina, que contó con la aprobación de Estados Unidos en los primeros años de su gestión, está bajo prisión y bajo un proceso por corrupción, tráfico de influencias y desvío de fondos públicos en el mayor escándalo por desfalco al Estado, que involucra y señala como principal ejecutora a la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El sucesor de Pérez Molina, Jimmy Morales, no se escapó a otros señalamientos. Reportes de Estados Unidos e investigaciones internas guatemaltecas determinaron que Morales tenía vínculos estrechos con narcotraficantes. El exministro del Interior de Morales dijo en 2019 que el presidente le abrió las puertas del gobierno a narcotraficantes e informes de la inteligencia de Estados Unidos determinaron que el expresidente también estaba vinculado a un partido con ideología abiertamente a favor del narco.
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Las cosas en El Salvador no son tan diferentes. Tres presidentes que ejercieron sus cargos entre 1999 y 2015 fueron acusados por desviar fondos de las arcas del Estado. Pero, además, la semana pasada en una entrevista para el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, la congresista Norma Torres aseveró que los funcionarios del Gobierno salvadoreño deben separarse de los narcotraficantes si quieren que haya una buena relación entre ese país y la Administración Biden.
“El Salvador se está vendiendo con muy buena imagen la lucha contra la corrupción, pero prácticamente Bukele está manejando esa imagen que tiene y los medios, como imagen positiva; pero en realidad no sabemos qué está pasando. En Honduras y Guatemala estamos viviendo una tragedia en cuanto al manejo de esa imagen de combate a la corrupción”, señala Roberto Sarmiento.
La relación entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y Estados Unidos no está en su mejor momento. Bukele, además de los señalamientos por violaciones a derechos humanos y sus ataques en contra de la libertad de expresión y de periodistas, tuvo un enfrentamiento en las redes sociales con esta congresista por estas declaraciones.
“Se complica mucho cuando comenzamos a hablar, no solo de tratar de cambiar las condiciones, pero encima de todo eso el narcotráfico, que ya sabíamos que existe en la región. No somos ciegos. Esperamos que los representantes del gobierno salvadoreño se separen de estos grupos, porque no es algo casual que vamos a aceptar”, dijo la congresista.
Y eso no es todo. Desde 2019 Bukele ha estrechado su relación y acercamiento con el Gobierno de China, algo que no ha caído en gracia a Estados Unidos. En las últimas semanas, el presidente Bukele anunció una serie de donaciones y cooperación que el presidente Xin Jinping entregará a El Salvador.
Al respecto el vocero del Departamento de Estado dijo en una conferencia de prensa en Washington DC que “Estados Unidos no forzará a ninguno de sus aliados a escoger entre Estados Unidos y China”, pero dijo que la Administración Biden espera que Bukele “reinstaure la independencia de las instituciones del Estado”.
“Juan Orlando Hernández, de Honduras y Nayib Bukele, de El Salvador, son producto de la política fracasada de Estados Unidos. Ahora si Estados Unidos no mete sus manos en esos países, este tipo de políticos va a seguir engañando a la gente con sus mentiras y con su corrupción. Estados Unidos tiene que cortar todo el dinero que le da a los militares y a la Policía en estos países y sentarse a negociar en serio con estos gobiernos”, dijo Roberto Lovato.
“Esfuerzos en conjunto”
Juan González dijo que para atacar las causas de la migración se deberá hacer un “esfuerzo conjunto” en el que también será necesaria la participación del Congreso estadounidense, del sector privado de la región centroamericana y de las organizaciones civiles.
Después del nombramiento de la vicepresidenta, Kamala Harris, para que esté al frente del grupo que trabajará directamente con México y los países del Triángulo Norte, la Administración Biden también nombró a un enviado especial para la región: Ricardo Zúñiga, quien fue parte del equipo de asesores en el tema migratorio de la Administración Obama.
Pese al poco interés mostrado por los países centroamericanos para comprometerse con combatir la corrupción y la migración en la región, tanto Zúñiga como González han reiterado que Estados Unidos trabajará con los sectores que quieran alinearse al plan Biden y las condiciones propuestas por esta Administración.
“Estamos mandando varios mensajes a nuestros socios en este momento. Las fronteras están cerradas y vamos a cumplir nuestras leyes para asegurar que solo personas autorizadas puedan cruzar la frontera. Vamos a trabajar con nuestros socios para establecer que personas en condiciones vulnerables puedan buscar ayuda en sus países y, a largo plazo, el esfuerzo de mejorar las condiciones en Centroamérica”, dijo Zúñiga.
Por su parte, Juan González señaló que el tema de la corrupción es algo “endémico” que genera migración en la región y que Estados Unidos abordará con los aliados que estén dispuestos a trabajar con la Administración Biden. “Vamos a crear espacios para quienes estén comprometidos, sociedad civil, sector privado y obviamente los fiscales y los gobiernos tengan una oportunidad de intercambiar ideas para ponerlas en práctica”.
Por: Agencia Anadolu
