El presidente Andrés Manuel López Obrador nunca se ha limitado al criticar el legado de su predecesor. Sin embargo, ha reservado un desprecio especial para la reforma de gran envergadura que abrió la cerrada industria energética de México al sector privado.
El mandatario ha dicho que los cambios son un modo de “pillaje” legalizado, un producto de la corrupción y un fracaso rotundo. Ha sugerido que algunos de los inversionistas extranjeros del sector energético están “saqueando” la nación y que los abogados mexicanos que trabajan para ellos son culpables de traición.
Ahora está formalizando su ataque más agresivo hasta el momento en contra de esas medidas.
En los próximos días, se espera que se aprueba un proyecto de ley que fortalecería el dominio de la empresa eléctrica propiedad del Estado mexicano. La medida, que hace poco fue aprobada por el Congreso de México con el apoyo contundente de López Obrador, también limitaría la participación de los inversionistas privados en el sector energético. Ambos efectos son cruciales para el objetivo que ha trazado desde hace tiempo: restaurar la autosuficiencia energética y salvaguardar la soberanía mexicana.
La dependencia que tiene México de los hidrocarburos extranjeros resaltó el mes pasado, cuando una tormenta invernal en Texas produjo la interrupción del envío de gas natural desde Estados Unidos, la fuente de la mayoría del gas natural que se usa en México. López Obrador señaló que los apagones resultantes evidenciaban la necesidad de una menor dependencia de la energía extranjera.
No obstante, la legislación —que fue acelerada por los congresistas del partido de López Obrador— se ha enfrentado a críticas de casi todos los legisladores de la oposición, ambientalistas, analistas de la industria, grupos comerciales internacionales y mexicanos e incluso del organismo vigilante de las conductas anticompetitivas de México.
Muchas de las críticas consideran que el proyecto de ley es un gambito político para emocionar a la base del presidente antes de las elecciones intermedias de junio, en las cuales López Obrador espera convertir la mayoría congresal de su partido en la supermayoría que necesita para realizar cambios a la Constitución.
Los opositores de la legislación consideran que no solo no logrará resucitar el sector energético o ayudar a conseguir la independencia energética, sino que también violará los compromisos internacionales de México para reducir las emisiones de carbono, incumplirá acuerdos comerciales y enfriará aún más la inversión extranjera en el país justo cuando está teniendo problemas para volver a ganar impulso económico en medio de la pandemia.
“Creo que el impacto de esta reforma es un retroceso importante”, opinó Lourdes Melgar, quien fue una alta funcionaria de energía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, predecesor de López Obrador. Según Melgar, el presidente mexicano “ha tenido una visión muy nacionalista al momento de utilizar los recursos”.
Melgar agregó: “Quiere poner de rodillas a los productores privados y estamos viendo esto de las maneras más absurdas”.
Jeremy M. Martin, vicepresidente de energía y sustentabilidad en el Institute of the Americas, un centro público de investigación con sede en San Diego, señaló que la legislación probablemente cuente con la aceptación de los seguidores de López Obrador, a quienes se les ha hecho sentir que por fin tienen un presidente que está poniendo primero al pueblo de México.
“No tiene ningún sentido en términos económicos, pero significa mucho para la gente que siente que la han engañado durante años en México”, comentó. “Es ideología pura, es un asunto político”.
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La legislación reescribiría las reglas que regulan el sector eléctrico. Entre otros cambios, alteraría las llamadas reglas de despacho que regulan el orden en que las centrales alimentan de electricidad la red de la nación, para darles una mayor prioridad a las plantas que dirige la empresa eléctrica del Estado, la Comisión Federal de Electricidad.
La liberación del mercado energético que aprobó en 2014 la legislatura mexicana priorizó la generación de electricidad de bajo costo, la cual favoreció cada vez más a las centrales que producen electricidad a partir de las energías solar y eólica y esto inspiró un aumento de la inversión privada —de México y del extranjero— en el sector de las energías renovables.
Sin embargo, la nueva legislación restaura por completo las preferencias por las plantas bajo control del Estado que usan combustibles fósiles para generar energía a un costo más alto y producen mayores emisiones de carbono.
López Obrador y sus aliados han argumentado que el proyecto de ley busca corregir un sesgo en la reforma de 2014 que, según ellos, les dio ventajas injustas sobre el mercado a las firmas privadas.
“Estamos nivelando el piso, estamos fijando reglas claras, estamos priorizando la seguridad nacional”, comentó Rocío Abreu Artiñano, senadora de Morena, el partido en el poder, y presidenta de la comisión de energía del Senado mexicano.
Abreu señaló que la estrategia actual está “sofocando” a la Comisión Federal de Electricidad.
El mes pasado, cuando más de 4,5 millones de hogares y negocios del norte de México se quedaron sin electricidad después de que un frente ártico congeló los ductos del otro lado de la frontera y el gobernador de Texas emitió una orden para restringir las exportaciones de gas natural, López Obrador declaró que era una lección en favor de la independencia energética.
Las centrales que queman gas generan más de la mitad de la electricidad en México; la gran mayoría del gas natural es importado y la mayor parte de este proviene de Estados Unidos, según el gobierno mexicano.
“Hay que buscar siempre la autosuficiencia, producir en México lo que consumimos: los alimentos, la energía”, comentó López Obrador a mediados de febrero mientras México se recuperaba de los apagones.
Sin embargo, analistas y líderes de la industria aseguran que la nueva legislación, a pesar de que López Obrador insiste en que llevará a México hacia una mayor independencia energética, de hecho podría provocar que la nación sea más dependiente de las fuentes extranjeras de energía al aumentar la dependencia de los combustibles fósiles que necesita importar.
Aunque es probable que las cuentas de la luz en las casas se mantengan aisladas del aumento de los precios gracias a los subsidios gubernamentales, los usuarios industriales podrían experimentar un incremento en el costo de la electricidad que probablemente les transferirán a sus clientes, según analistas.
“Esto no tiene ninguna lógica económica”, opinó Víctor Ramírez Cabrera, vocero de Plataforma México Clima y Energía, un grupo de investigación con sede en Ciudad de México. Ramírez dijo que el nuevo modelo para obtener electricidad era “absurdo”.
Los ambientalistas y otros críticos también han atacado la legislación, pues consideran que será un retroceso en lo conseguido con tanto esfuerzo para disminuir las emisiones de carbono y pondrá a México en un curso opuesto a los esfuerzos para resolver el cambio climático a nivel mundial, al violar sus acuerdos internacionales y posiblemente sus propias leyes.
López Obrador ha mencionado que, para cumplir sus compromisos climáticos, el gobierno planea mejorar sus plantas hidroeléctricas, las cuales tienen una mayor prioridad conforme el nuevo esquema de aprovisionamiento de electricidad. No obstante, quienes critican la legislación son muy escépticos.
“No hay manera de cumplir con el Acuerdo de París en estas condiciones”, opinó Ramírez. “Hay que darlo por muerto”.
Por: Kirk Semple y Oscar Lopez, The New York Times
