La salud mental de los ciudadanos es una de las preocupaciones más latentes en medio de la emergencia por el coronavirus COVID-19 y es que el aislamiento al que han obligado la gran mayoría de países tiene a algunos bastante inquietos en sus casas.
La pausa de las actividades y los efectos negativos que trae consigo esta cuarentena, hacen que el estrés, la depresión y la ansiedad, hagan parte de la cotidianidad de muchos.
Así quedó en evidencia tras los 60 días de funcionamiento de la atención psicológica y psiquiátrica a través de R.O.S.A. y la línea 169, a través de las cuales se han atendido más de 5.400 personas en todo el país.
Para la coordinadora del programa de Salud Mental del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud (CODES), Delia Icaza, a pesar de los desafíos existen oportunidades para mejorar los esfuerzos de prevención del suicidio y uno de ellos es buscar ayuda con un profesional de la salud mental, a través de las líneas de atención.
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Según Icaza, a raíz del COVID-19 hay consecuencias sociales que podrían contribuir al aumento del riesgo suicida, por ejemplo: el estrés económico, el distanciamiento social, el aumento de la violencia doméstica y el menor acceso a tratamientos de salud mental y al apoyo comunitario y religioso, son alguno de ellos.
El suicidio es un problema de salud pública en el que intervienen factores psicológicos, biológicos, socioculturales y ambientales.
Hay varias situaciones que constituyen un aumento en el riesgo para que algunas personas piensen en quitarse la vida, tales como: intentos suicidas previos, antecedentes familiares de suicidio, acceso a armas u otros mecanismos potencialmente suicidas, antecedentes de enfermedades mentales y consumo de alcohol u otras sustancias.
Se estima que en Panamá se registran alrededor de 120 suicidios al año, es decir que en promedio cada tres días alguien muere por suicidio y según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud cada año en el mundo mueren aproximadamente 800 mil personas por suicidio.
