En la tarde de este lunes, la Corte Suprema de Justicia negó la acción de nulidad interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe en el caso que se sigue en su contra por presunta manipulación de testigos. El exsenador habría, según las denuncias, manipulado testigos para incriminar falsamente al senador Iván Cepeda.
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La defensa de Uribe interpuso un recurso de nulidad ante la Corte Suprema al considerar que las pruebas recabadas en su contra se obtuvieron de forma ilegal, hecho que el alto tribunal consideró infundado: "Por cuanto la práctica de pruebas se encontró ajustada a la legalidad. Tampoco se halló arbitrariedad, extralimitación ni desafuero del magistrado que la ordenó, sino que, contrario a ello, se realizó una práctica probatoria lícita y legal".
El ente judicial agrega que sus actuaciones son amparadas por el artículo 186 de la Constitución Política, donde se prevé la competencia exclusiva de la Corte Suprema para conocer delitos cometidos por congresistas.
La Corte también ordenó reactivar pruebas en indagatoria contra el representante Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara que es señalado por varios testigos de pertenecer presuntamente a la trama.
Contexto
Lo que en un principio fue la denuncia de Álvaro Uribe Vélez contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda por la construcción de supuestos falsos testimonios en su contra (por sus presuntos nexos con el inicio del paramilitarismo en Antioquia, denunciados por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve), terminó luego, tras fallo de la Corte de la Suprema, convirténdose en un caso de manipulación de testigos contra el expresidente.
Se conocieron grabaciones en las que a Monsalve presuntamente se le solicita cambiar su testimonio a favor de Uribe. El 24 de julio de 2018, Uribe fue llamado a indagatoria por la Corte, aunque tal audiencia todavía no se concreta.
No obstante, desde entonces se dieron varios vaivenes en el proceso. El líder del uribismo primero renunció a su curul en el Senado para después arrepentirse, y luego radicó una recusación contra varios de los magistrados del alto tribunal, por considerar que estaban politizados en la investigación, para después retirarla. Tras ello solicitó nulidad al afirmar que las grabaciones en su contra fueron recabadas de forma irregular, solicitud que ahora fue negada.
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