Este miércoles, en el Juzgado 66 de Garantías de Bogotá, comenzó la audiencia de imputación de cargos contra César Manrique, exjefe de Función Pública, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que habría desfalcado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía lo llamó a responder penalmente junto a otros implicados, tras conocerse que, hace dos años, Manrique habría intervenido en la desviación de recursos para beneficio ilícito. Esto se suma a su reciente condena en primera instancia por contratación ilegal durante la alcaldía de Bogotá del hoy presidente Gustavo Petro.
La fiscal María Cristina Patiño, quien lidera la investigación, también imputó a Édgar Riveros, Sonia Rocío Romero Hernández, Ana María Riveros, Édgar Echeverri, Francisco Estupiñán y Óscar Enrique Cárdenas. Según Patiño, estas personas habrían utilizado el mecanismo de calamidad para direccionar contratos a cambio de sobornos, preparando a los contratistas con anticipación para adjudicarles los proyectos.
La Fiscalía imputará a Manrique y otros el delito de concierto para delinquir, señalando que entre mayo de 2023 y mayo de 2024 habrían conformado una organización criminal con Olmedo López y Sneyder Pinilla para apropiarse de recursos públicos. Entre los contratos involucrados figura uno con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por $98.392 millones para comprar carrotanques y desalinizadoras destinados a La Guajira.
De acuerdo con la fiscal, Manrique habría acordado con Olmedo López la designación de Luis Carlos Barreto en un cargo directivo de la UNGRD como cuota política, y luego participó en reuniones para agilizar la liberación de recursos del convenio con la ANT. Supuestamente, también acordó el porcentaje de la coima y autorizó a Barreto a designar a Édgar Riveros como encargado de direccionar los contratos.
Entre enero y marzo de 2024, Manrique habría recibido $3.000 millones en efectivo a través de Jorge Aristizábal, funcionario de Función Pública, entregados por Ana María y Édgar Riveros. Édgar, además, habría involucrado a su hija y su cuñada en el esquema para direccionar contratos.
Según la Fiscalía, se utilizó la firma Office Abogados SAS, representada por Ana María Riveros, para recibir dinero ilícito desde la Fundación Yapurutú. En el caso de Óscar Cárdenas, se le acusa de favorecer a empresas aliadas durante la evaluación técnica de los contratos, a cambio de coimas.
Con esta imputación, Manrique se convierte en el cuarto alto funcionario del gobierno Petro vinculado a este escándalo, junto a Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González. Además, la fiscal Patiño anunció que imputará cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
