El registrador nacional, Hernán Penagos, ofreció una rueda de prensa en la mañana de este martes 17 de junio, en la que dio a conocer la postura de la Registraduría frente al decreto que convoca a una consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.
A pesar de la negativa del Senado frente a esta propuesta, el Gobierno insiste en que es necesaria su realización, argumentando que mejorar los derechos de los trabajadores es esencial. Sin embargo, esta decisión ha generado una fuerte controversia institucional.
Frente a este panorama, Penagos explicó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han presentado documentos en los que insisten en mantener sus respectivas posiciones. Desde el Congreso, indicó, se recibió una comunicación del presidente del Senado informando que la solicitud de concepto favorable fue negada el pasado 14 de mayo, acompañada de una certificación del secretario (quien actúa como notario) que da cuenta del resultado de la votación.
Por otro lado, el pasado viernes la Registraduría recibió un documento enviado por el ministro del Interior, en el que, con base en el artículo 6 del decreto, se declara la inconstitucionalidad de la sesión del Senado y se notifica a la entidad para convocar la consulta popular el próximo 7 de agosto, amparados en el decreto 0639.
No obstante, Penagos advirtió sobre la gravedad del escenario institucional: “Estamos ante un problema jurídico de talla mayor, un enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo”. Asimismo, informó que actualmente hay 11 demandas de nulidad radicadas ante la Corte Constitucional y múltiples derechos de petición presentados ante la Registraduría, lo que evidencia la magnitud del conflicto entre poderes.
En consecuencia, afirmó que la decisión queda en manos de las altas cortes: “Son ellas las que deben determinar si se continúa con los trámites de la consulta”.
Adicionalmente, Penagos señaló que un plazo menor a dos meses es insuficiente para organizar una consulta de esa envergadura, ya que no contarían con el tiempo necesario para garantizar su correcta ejecución. Por ello, advirtió que la iniciativa del Gobierno podría quedar en suspenso mientras se resuelve el conflicto legal.
