El uso de fuerza como método de enseñanza es tradicional en los hogares colombianos. Sin embargo, este tipo de represión abre varios debates sobre cómo se debe criar a los niños.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, tiene en su agenda la presentación de un proyecto de ley que prohíba el maltrato físico en el país.
Según había anunciado Pungilupp,
el proyecto de ley que radicaría en la próxima legislatura, le apunta a reformar un artículo del Código Civil, el 262, en el que se les da el aval a los padres o tutores de un niño de "vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente".
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De acuerdo con la directora, el proyecto no busca sancionar a las personas que usen el maltrato físico como método sino tendría fines pedagógicos con el fin de transformar la cultura.
“Uno de los objetivos de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes es que la sociedad rompa el vínculo en el que se ha naturalizado el castigo físico y humillante como forma de corrección de conductas de los menores de edad. En otras palabras, se genera miedo, pero no corrección”, afirmó la directora a los medios de comunicación.
De acuerdo con Pungiluppi,
en el país se registran 303,8 casos de violencia intrafamiliar, interpersonal y sexual por cada 100.000 a personas entre los 0 y 18 años, por lo que la meta de la administración actual, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, es que esa tasa disminuya.
Estas propuestas hacen parte del proyecto articulado del ICBF en la
Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes.
Con estas apuestas del Pacto por la Equidad está alineada la gestión de la Dirección de Familias y Comunidades del ICBF, concretando el objetivo de tener a la familia como el centro de la política social moderna.
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De esta manera,
Ana Maria Palau, Subdirectora General de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, indicó que desde esa Entidad se “articulan todas las acciones y actividades dirigidas a vincular a las familias a las rutas de atención que mejoren su calidad de vida y se les brinde los recursos que permitan prevenir o superar las condiciones de vulnerabilidad”.
“
Es necesario que avancemos rápidamente en la implementación del PND, coordinando acciones para que desde todos los programas y servicios sociales se trabaje en el fortalecimiento de las familias y en la convergencia de oferta alrededor de ellas”, señaló la Subdirectora General del ICBF.
