La Cámara de Representantes confirmó la aplicación de la silla vacía a la curul de Edwin Ballesteros, quien renunció a la corporación en medio de la investigación que se adelanta en su contra por presuntos actos de corrupción. El Centro Democrático seguía de cerca el proceso, pues Liliana Botero de Cote, quien aspiraba a ser la reemplazante del santandereano, se había movido para ocupar dicha plaza.
"Declarar la vacancia de la curul ocupada por el entonces representante a la Cámara por el departamento de Santander en representación del Partido Centro Democrático, doctor Edwin Ballesteros, en aplicación de lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 134 de la Constitución Política", dice la resolución.
Del mismo modo, comunicó al Gobierno Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, al Partido Centro Democrático, al Senado de la República y a Liliana Patricia Botero de Cote, quien buscaba reemplazar a Ballesteros, del mencionado acto administrativo.
Hay que señalar que, a la Comisión de Acreditación Documental llegó una petición del secretario general de la Cámara para estudiar la viabilidad jurídica de suplir el espacio que dejó Ballesteros. Sin embargo, se respondió que por la vinculación formal existente no era posible que alguien lo reemplazara.
"La Cámara tiene una oficina asesora de asuntos jurídicos, tiene una comisión de ética y las decisiones políticas se toman en la plenaria. Nos estaban pidiendo darle viabilidad jurídica al reemplazo de esa curul que, a todas luces, le aplica la silla vacía porque según el artículo 134 de la Constitución quien esté vinculado formalmente a un proceso penal por corrupción y renuncia a esa curul no será reemplazado", detalló el representante Jorge Gómez.
Es decir, se intentó que por vía de la Comisión de Acreditación Documental se avalara la hoja de vida de Liliana Botero de Cote y se diera viabilidad jurídica al reemplazo de Ballesteros.
En ese sentido, el Centro Democrático perderá una curul en la Cámara de Representantes, lo cual se suma a los múltiples cambios que ha tenido que ejercer por las renuncias de excongresistas como Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada.
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Sobre el caso de Ballesteros vale la pena señalar que, la Fiscalía confirmó el pasado 11 de octubre que asumirá el caso del exrepresentante, quien deberá responder por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas en Santander entre 2013 y 2016. La Corte Suprema adelantaba la investigación, pero con la renuncia de Ballesteros, el alto tribunal perdió su competencia.
La investigación contra Ballesteros se abrió por hechos relacionados con presuntas irregularidades registradas en contratos en la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P –ESANT. Los delitos que se investigan son: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
Esta investigación en contra de Ballesteros se desprendió de una compulsa de copias que hizo el 25 de septiembre de 2019 la Fiscalía General a la Corte Suprema por el proceso que se adelanta contra el exsenador Richard Aguilar, quien está detenido por el presunto entramado de corrupción en Santander.
De acuerdo con la Corte, cuatro contratos firmados por el exsenador Aguilar entre 2014 y 2015 tienen irregularidades y las investigaciones apuntan a "hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado -para sí y para otros- de dineros públicos".
En el caso de Ballesteros, se investigan presuntos vicios en la firma de varios contratos, entre ellos, uno por $4.346 millones para construir el acueducto en el municipio de Landázuri, obra que aún no se ha terminado.
Los testimonios de Lenin Pardo y Claudia Toledo -testigos clave del caso- apuntan a que Ballesteros habría solicitado una millonaria 'coima' por la adjudicación del contrato para construir dicho acueducto.
