A pesar de que Colombia es un país laico desde su carta magna, es innegable que también es uno de los más religiosos de la región. A la par de su diversidad natural y étnica, está presente un gran surtido cultural que tiene una incidencia directa en la forma en la que se relacionan las personas, en sus creencias, rituales, gustos y demás. Sin embargo, de acuerdo con la ONG Puertas Abiertas, a pesar de ser un país en el que predomina el cristianismo, también es uno de los más peligrosos en el mundo para ejercer esta religión.
De hecho, según la más reciente “Lista mundial de la persecución”, un ranking en el que Puertas Abiertas mide las condiciones desfavorables para el ejercicio del cristianismo, Colombia ocupa el puesto 30. Único país de esa primera treintena que no está ubicado en Medio Oriente, Asia o África, siendo superado incluso por Cuba.
Cabe mencionar que los primeros lugares de la lista los ocupan Afganistán, por primera vez en la primera posición tras el regreso de los talibanes al poder, Corea del Norte, Somalia, Libia y Yemen. Mismos países que generalmente encabezan los rankings de violaciones a la libertad de prensa y expresión, muy en línea con el respeto de las creencias.
Ahora bien, cabe mencionar que el estudio de Puertas Abiertas califica a los países en función de la gravedad de la persecución que viven los cristianos, existiendo tres categorías: alta, severa y extrema. Colombia se encuentra como un país con una persecución severa, lo cual resulta llamativo por la gran cantidad de población cristiana que hay en el país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Diversidad Religiosa (2019), realizada por varios sociólogos en colaboración con la Iglesia Sueca, World Vision, la Universidad Nacional y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, cerca del 80% de los colombianos se identifican con las creencias cristianas (sin entrar a distinguir por cuál de sus variantes).
El catolicismo, por ejemplo, es de lejos la religión más profesada con un 57,2% de creyentes, seguido de los evangélicos o pentecostales ( 19,5%), adventistas (1,0%) y protestantes (0,9%). En total, suman 78,6 del total de la población encuestada, resaltando que podrían ser más teniendo en cuenta a aquellos en categoría de ‘otros’ y los que manifestaron ser creyentes pero no afiliados a una iglesia.
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En ese sentido, resulta un poco preocupante, más allá de estar o no de acuerdo con las distintas religiones e iglesias, que esta población sea especialmente perseguida en Colombia (donde la libertad de creencia está amparada desde la propia Constitución). Según Puertas Abiertas, la persecución en el país está principalmente relacionada con las dinámicas del conflicto armado y la intolerancia respecto a las opiniones contrarias.
Es por ello que incluye dentro de su lista de agresores a líderes de grupos étnicos, religiosos no cristianos, ciudadanos, pandillas y grupos criminales, así como a funcionarios gubernamentales y partidos políticos.
“Los seguidores de Jesús enfrentan persecución por parte de bandas criminales y grupos indígenas. Los grupos guerrilleros amenazan, asedian, extorsionan e incluso matan a líderes eclesiásticos que son blanco de ataques por denunciar la corrupción, defender los derechos humanos y oponerse a actos ilícitos”, señala el estudio.
En ese sentido, la organización cristiana resume el problema en las siguientes aristas: desprotección frente al avance de la guerra (en la cual la iglesia y sus representantes juegan un papel importante en temas como la mediación y la protección de los derechos de las personas), la persecución a miembros de tribus indígenas que deciden convertirse al cristianismo y la intolerancia frente a las ideologías cristianas.
Algunos puntos polémicos
Es probable que la acusación frente a los pueblos indígenas y el de las posiciones frente a temas de importancia nacional sean los puntos más polémicos del ranking publicado por Puertas Abiertas. En síntesis, por lo menos en lo que respecta a los pueblos originarios, el estudio afirma que estos proceden al “encarcelamiento, acoso, abuso físico, prohibición de derechos básicos y uso del territorio ancestral”, así como al trabajo forzoso, cuando hay “cristianos que se convirtieron de los dogmas de la tribu”.
“En las comunidades indígenas, las mujeres cristianas pueden verse obligadas a casarse con un no cristiano o, si ya están casadas, pueden ser abandonadas por sus maridos y separadas de sus hijos. Esto las hace vulnerables a la explotación sexual y la prostitución forzada. En algunos casos, las mujeres embarazadas también se ven obligadas a realizar rituales con bebés que van en contra de la fe cristiana”, reza el documento.
Por otro lado, señalan que las posiciones de los cristianos están siendo cada vez más invisibilizadas y muchas veces sufren ataques por ellas. “Los cristianos enfrentan hostilidad, abuso verbal y discriminación por su postura en temas como el aborto, la sexualidad y la orientación de género. Como resultado, la participación de los cristianos en la esfera política ha disminuido”, asevera el documento.
Las cosas así, es probable que en esta discusión la razón este parcialmente fragmentada. Una aclaración importante es que, por ley, discusiones de alto nivel y que tienen grave incidencia en la sociedad (como el aborto o la protección de las libertades sexuales) tienen que estar libres de las posiciones morales de los encargados de legislar y por lo tanto en ese ámbito lleva prioridad una discusión libre de dogmas de todo tipo y basada en la ciencia.
También cabe recordar que el respeto por las creencias y reglas de los pueblos originarios están bajo protección constitucional y por ello, más allá de casos específicos, su pertinencia debe quedar al margen del debate. Lo que sí es cierto y en eso caben también los cristianos, musulmanes, judíos y cualquier grupo étnico, religioso o cultural, es que en Colombia la libertad de expresión es prioritaria y en ese sentido a nadie se le puede marginar o castigar por sus pensamientos o ideas (siempre y cuando no sean usadas como discursos de odio).
La constante riña en redes sociales, la esfera pública digital plagada de confrontación y carente de escucha y consenso, también está regulada bajo las mismas normas que se aplican por fuera de ella. Lo importante es recordar, desde todas las orillas, la diversidad como principio y pilar fundamental para la construcción y el fortalecimiento de una democracia robusta.
