La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas en Barranquilla tras la grave emergencia de salud pública que ya deja 11 muertos y tres personas hospitalizadas por el consumo de licor adulterado, conocido popularmente como “cococho”, el cual estaba siendo distribuido en botellas de agua.
De acuerdo con los reportes iniciales, las víctimas eran en su mayoría habitantes de calle, quienes consumieron la bebida en distintos sectores de la ciudad sin advertir el riesgo. La tragedia ha generado conmoción y evidencia la vulnerabilidad de esta población frente a la venta ilegal de alcohol adulterado.
El órgano de control solicitó a las secretarías de Gobierno y Salud acciones urgentes, incluyendo informes detallados sobre controles realizados, decomisos en puntos de venta y vigilancia a los establecimientos que comercializan alcohol. También pidió acelerar las investigaciones para judicializar a los responsables de la producción y distribución del "cococho”.
La Procuraduría instó además a reforzar las estrategias de prevención ciudadana, con campañas pedagógicas que adviertan a la comunidad sobre los riesgos del licor adulterado y permitan evitar nuevas víctimas en la capital del Atlántico.
Como medida adicional, propuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) que articule esfuerzos entre autoridades locales, regionales y nacionales, con el objetivo de enfrentar la crisis de manera conjunta y proteger la vida de los barranquilleros.
La emergencia por el consumo de “cococho” en Barranquilla vuelve a poner en evidencia un problema recurrente en Colombia: el alto riesgo del licor adulterado, que no solo evade controles fiscales, sino que cobra vidas, golpeando con mayor fuerza a las comunidades más vulnerables.
