Abogado habría estafado a 72 personas en el Tolima y Meta

Jue, 04/08/2022 - 19:05
Según la investigación, el procesado se habría apoderado de más de 1.300 millones de pesos de las víctimas, quienes fueron engañadas con la compra de supuestos títulos judiciales.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía del Tolima capturaron en Madrid (Cundinamarca), a un abogado penalista, señalado por el delito de estafa agravada en concurso homogéneo con 21 hechos delictivos.

Diego Felipe Cubillos Arango fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento preventiva, por su presunta participación en el delito de estafa a más de 70 personas en Ibagué, Tolima y Villavicencio, Meta.

La investigación en contra de Diego Felipe Cubillos Arango, de 39 años, que adelanta un despacho de la Unidad de Estafas, es por presuntamente estar involucrado en una estafa que supera los mil 300 millones de pesos de lo cual fueron víctimas un total de 72 personas, 64 del Tolima y el resto del Meta.

Se tiene documentado que los hechos se presentaron entre los años 2018 a 2021 cuando el procesado obtuvo de manera ilícita dinero de propiedad de varios ciudadanos, a quienes mantuvo en engaño, haciéndoles invertir supuestamente en la compra de títulos judiciales a los que les aseguraba, él accedía por un bajo costo.

El procesado, al parecer, les indicaba que tenía amigos como secretarios y jueces a quienes había que darles un porcentaje del valor del título para que salieran rápido y así obtener ganancias que oscilaban entre el 30% y el 40% del dinero invertido.

Sin embargo, estos títulos judiciales nunca existieron, y el 28 de octubre del año 2021, las víctimas perdieron contacto con él, según lo denunciado.

Entre las investigaciones adelantadas por los servidores del CTI adscritos al Grupo de Estafa de la Fiscalía en el Tolima, se estableció que, dentro de los 21 eventos de estafa agravada, hay 41 víctimas de estafa en masa.

Se trata de personas que habrían depositado su confianza en el abogado haciéndoles creer que tenía amigos en bancos e influencias en juzgados para acceder de manera fácil a los mencionados títulos, y así conseguir buenas ganancias.

Uno de los casos tiene su origen el 8 de septiembre del año 2020 en Ibagué, donde Cubillos Arango obtuvo presuntamente la suma de $257.150.000 de manera ilícita, engañando a una persona con la compra de los títulos judiciales que supuestamente le vendería un juez amigo.

Para recaudar el dinero la víctima inicial invitó a amigos, conocidos y familiares a que hicieran la inversión, sumando un total de 20 personas para este fin.

Según lo indicado por el presunto estafador al ciudadano incauto, las ganancias por la compra de estos oscilaban entre el 30% y el 40% de lo invertido. Durante un año le dio pocas sumas de dinero de las supuestas ganancias, pero advertía que con ese dinero había que comprar más. Es decir, no devolvió las ganancias porque supuestamente fueron reinvertidas.

Antes de perder el contacto con él, le manifestó que había un título por $800.000.000, diciéndole que era la “Navidad adelantada”, y entonces acumularon todas las supuestas ganancias para comprarlo. Fue así como el 28 de octubre del año 2021 quedó de pagarle $855.000.000 en ganancias más el capital, pero desapareció.

En el otro caso se vieron afectadas 21 personas. El hecho ocurrió en julio del año 2020 también en la capital tolimense donde el hoy procesado se quedó con la suma de $432.000.000 adquirida mediante engaños.

Al igual que el hecho anterior, un ciudadano fue instrumentalizado para inducir en error a otras 20 personas y así hacer parte del negocio que parecía rentable y seguro.

Para generar confianza en la víctima le hizo firmar inicialmente cuatro letras de cambio por un valor total de $399.210.000. El 29 de octubre del año pasado perdió contacto con él, fecha en la que supuestamente le había prometido entregarle todo el dinero ganado más lo invertido.

Al término de las audiencias de rigor llevadas a cabo ante un juzgado con funciones de control de garantías de Ibagué, le fue decretada medida de aseguramiento carcelaria debido a la gravedad y modalidad de la conducta cometida, pues simuló tener influencias con servidores públicos para afectar el patrimonio de 72 personas.

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