Han pasado varios meses desde que Bello, en el norte del Valle de Aburrá, fue escenario de uno de los crímenes más estremecedores de 2025. El 4 de abril, Sara Millerey González Borja, de 32 años, fue atacada con brutalidad; le fracturaron brazos y piernas antes de arrojarla a una quebrada. Aunque alcanzó a ser rescatada con vida, las graves heridas le causaron la muerte poco después.
El asesinato no solo sacudió a los habitantes de la región, sino que también encendió las alarmas de las autoridades, al ser el segundo homicidio registrado en el municipio en el lapso de una semana. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación ha avanzado en la investigación, aunque el caso está lejos de cerrarse.
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A finales de abril, agentes de la Sijín y del CTI capturaron en Medellín a Juan Camilo Muñoz Gaviria, uno de los señalados de participar en el crimen. Semanas más tarde, el 25 de mayo, fue detenido en Bello Juan David Echavarría Zapata. Ambos permanecen bajo medida de aseguramiento preventiva, y durante las audiencias de imputación de cargos por homicidio agravado y tortura no aceptaron su responsabilidad.
La Fiscalía sostiene que al menos seis personas habrían participado en el asesinato, lo que convierte este caso en una investigación compleja que aún busca esclarecer el papel de todos los implicados.
Hipótesis de una “limpieza social”
Una de las líneas más fuertes de la investigación apunta a que el crimen estaría relacionado con prácticas de “limpiezas sociales”, impulsadas por grupos delincuenciales que buscan imponer control en ciertos territorios a través de ataques contra quienes consideran indeseables.
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Organizaciones sociales y colectivos defensores de derechos LGBTIQ+ ya habían advertido, desde al menos dos años antes, sobre amenazas y hechos violentos similares en Bello. Estas denuncias refuerzan la hipótesis de que lo ocurrido con Sara Millerey no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de violencia.
Aunque las capturas representan un avance, la Fiscalía insiste en que la investigación continúa y que aún falta identificar a más responsables. El asesinato de Sara Millerey González volvió a abrir el debate sobre la vulnerabilidad de las comunidades en riesgo en municipios como Bello, así como la necesidad de reforzar las medidas de protección frente al accionar de estructuras ilegales que mantienen el control territorial a través del miedo.
